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Chilpancingo, Guerrero.- El Congreso local tomó protesta a Isis Peralta Salvador, María Luisa Nava Gregorio y Saúl Montufar Mendoza como magistrados provisionales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a propuesta directa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. La decisión se consolidó en una sesión extraordinaria que revive el cuestionamiento sobre la permanencia de los nombramientos sin el filtro de la elección del voto popular, justo en el marco de la reciente reforma judicial.
El núcleo del debate radica en un choque directo de normativas. Por un lado, los legisladores se blindaron en el artículo 16 transitorio del decreto estatal (publicado el 25 de agosto), el cual faculta por "única ocasión" al Ejecutivo para designar vacantes.
Sin embargo, esta reactivación del viejo modelo de asignación colisiona con el transitorio segundo del dictamen federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de junio, el cual mandata expresamente que cualquier vacante en los poderes judiciales locales debe resolverse estrictamente mediante las urnas hasta el proceso electoral programado para 2028.
¿Justificación técnica o desacato constitucional?
Frente a la evidente contradicción legal, la directiva del Congreso, encabezada por Alejandro Carabias Icaza, negó la existencia de un conflicto de fondo y defendió la validez del sustento local. Según la interpretación oficial, el transitorio federal que congela los nombramientos directos aplicaría únicamente para las entidades que celebraron comicios en 2025.
La justificación principal del Poder Legislativo para saltarse la vía de la elección judicial inmediata y mantener la designación directa fue evitar una "parálisis institucional" dentro del pleno del TSJ. Carabias Icaza argumentó que frenar los nombramientos provisionales habría impedido alcanzar el quórum mínimo requerido para que el tribunal sesionara y operara con regularidad durante el periodo de transición.
La discrecionalidad frente a la legitimidad en las urnas
Pese a los argumentos de orden técnico y de operatividad, la designación de la terna enviada por el Ejecutivo abre un frente de discusión sobre la legitimidad de los nuevos magistrados en un contexto nacional que exige la democratización de la justicia. Mientras la legislación general empuja hacia el fin de las cuotas y los acuerdos cupulares, la aplicación de transitorios excepcionales permite la permanencia de jueces elegidos bajo el esquema tradicional de designación.
La validez y estabilidad de estos nombramientos provisionales quedan bajo la lupa, ya que opositores y analistas sugieren que anteponer un transitorio local sobre una disposición de carácter federal debilita la certeza jurídica del propio Tribunal y posterga el mandato de que sea la ciudadanía quien decida el rumbo de los órganos judiciales en el estado.
