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El Congreso de Guerrero aprobó un paquete de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para modificar la integración de los ayuntamientos, establecer medidas de austeridad y disciplina financiera y fortalecer las reglas contra el nepotismo.
El dictamen, presentado por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, reúne iniciativas impulsadas por legisladoras y legisladores de distintas fracciones parlamentarias, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con reformas constitucionales federales.
Cambian integración de los cabildos
Entre las modificaciones destaca la creación de la Unidad de Seguimiento y Actualización Normativa, que dependerá de las presidencias municipales y funcionará como enlace con el Poder Legislativo para dar seguimiento a reformas constitucionales, iniciativas y puntos de acuerdo turnados a los ayuntamientos.
En materia de austeridad y disciplina financiera, las reformas establecen un máximo de 15 regidurías en los municipios con mayor población, además de una sola sindicatura por ayuntamiento.
La integración deberá respetar los principios de paridad de género, tanto vertical como horizontal, e igualdad sustantiva.
Nuevas restricciones contra el nepotismo
Las reformas también incorporan disposiciones contra el nepotismo. Las personas servidoras públicas no podrán ser parientes de ningún edil hasta el cuarto grado, ya sea por consanguinidad o afinidad.
Además, la presidencia municipal, sindicatura y regidurías tendrán una duración de tres años, sin posibilidad de reelección consecutiva inmediata. Tampoco podrá participar en la elección siguiente una persona que tenga o haya tenido matrimonio, concubinato o parentesco por consanguinidad o civil con quien ejerza el cargo correspondiente.
Otro cambio establece que, durante la entrega-recepción, las administraciones salientes deberán comprobar el pago de impuestos retenidos a la Federación, así como de cuotas del ISSSTE, IMSS e ISSSPEG, según corresponda. También deberán acreditar el pago de indemnizaciones laborales y obligaciones obrero-patronales.
El dictamen fue fundamentado por el diputado Héctor Suárez Basurto, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
En la misma sesión, el Congreso aprobó la renuncia de Julio César Sánchez de la Vega como síndico procurador de Atoyac de Álvarez y la licencia indefinida solicitada por Víctor Manuel Pérez Hernández para separarse de su cargo como regidor de Las Vigas.
