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Chilpancingo.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad cuatro iniciativas en materia de extorsión enviadas por la titular del Ejecutivo, Evelyn Cecia Salgado Pineda, con el objetivo de actualizar el marco jurídico estatal y alinearlo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Las reformas, adiciones y derogaciones abarcan disposiciones de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, los artículos 243 y 244 del Código Penal estatal, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 175 de la Ley 847 de Ejecución Penal. Los dictámenes fueron elaborados por las comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Al presentar el dictamen relativo a la Ley 179, la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz señaló que la reforma incorpora formalmente la Política Estatal para la Prevención y Combate a la Extorsión, fortalece los órganos de coordinación y mesas de paz, regula con mayor precisión la inteligencia policial y la operación de los Centros de Comando y Control, y garantiza la interoperabilidad tecnológica con sistemas nacionales. Asimismo, refuerza la profesionalización del personal de seguridad y establece Unidades Especializadas en materia de extorsión.
En cuanto a la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano explicó que los cambios responden al nuevo diseño institucional del delito de extorsión. También se añadió un artículo transitorio para salvaguardar el principio de irretroactividad, permitiendo que investigaciones y procesos previos continúen conforme a la legislación vigente al momento de los hechos.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez fundamentó las reformas al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante las cuales se otorga a la Secretaría de Seguridad Pública la responsabilidad de coordinar la prevención y combate a la extorsión, además de establecer mecanismos tecnológicos de coordinación con instancias federales para la recepción y seguimiento de denuncias, garantizando la protección de datos personales.
Las modificaciones también integran la información relacionada con extorsión al Sistema Estatal de Seguridad Pública y contemplan medidas para inhibir señales de telefonía, radiocomunicación y transmisión de datos en centros penitenciarios, con el fin de impedir la operación delictiva desde su interior.
Finalmente, el diputado Joaquín Badillo Escamilla destacó que la adición al artículo 175 de la Ley de Ejecución Penal fortalecerá el control tecnológico y la seguridad en los centros penitenciarios, contribuyendo a un sistema más seguro y orientado al restablecimiento social.
Las reformas, coincidieron los legisladores, colocan en el centro a las personas y su derecho a vivir libres de miedo, representando un avance significativo en la estrategia integral del estado contra la extorsión.
