Table of Contents
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó este viernes las minutas de reformas constitucionales en materia de extorsión y de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, enviadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Las reformas fueron dictaminadas por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la cual informó que se verificó el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad, así como la congruencia con criterios normativos aplicables.
En el caso de la reforma sobre extorsión, se modificó el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, se otorgarán facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que establezca tipos penales y sanciones en delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura, delitos electorales y, de manera específica, la extorsión.
De acuerdo con el dictamen, esta medida permitirá consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión mediante la creación de Unidades Antiextorsión, atención especializada a víctimas, capacitación en manejo de crisis, campañas de prevención y mecanismos homologados de investigación y denuncia.
Respecto a la reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de Guardia Nacional, se estableció que los grados superiores deberán ser ratificados por el Senado o por la Comisión Permanente, con el objetivo de garantizar legitimidad política, equilibrio entre sus funciones militares y de proximidad social, así como transparencia en los procesos de ascenso.
La Comisión dictaminadora subrayó que esta medida refuerza los principios de igualdad y no discriminación, incorpora progresivamente lenguaje inclusivo en la Constitución y fortalece la rendición de cuentas en materia de seguridad democrática.
Con la aprobación de estas minutas, Guerrero se suma a los congresos estatales que avalan las reformas impulsadas a nivel federal, con el propósito de armonizar el marco legal en temas de seguridad pública y combate a la delincuencia.
