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La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) acordó establecer una mesa de trabajo con el auditor Marcos César Paris Peralta para analizar el conflicto generado por la negativa del Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, a comprobar a la ASE el uso de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Durante la sesión de este miércoles, presidida por la diputada Luissana Ramos Pineda, los legisladores abordaron la controversia entre la ASE y el gobierno municipal de Acapulco, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La mesa de trabajo buscará esclarecer si la ASE tiene facultades para fiscalizar recursos federales, tal como sostiene el órgano auditor, en contraste con la postura de López Rodríguez, quien argumenta que no está obligada a rendir cuentas provenientes de recursos federales ante la instancia estatal.
El diputado Arturo Álvarez Angli, vocal de la comisión, explicó que el objetivo es determinar con base en la ley y los convenios correspondientes cuál es el órgano competente para fiscalizar dichos recursos. "El tema es darle certeza y claridad al asunto. Cada quien puede tener su opinión, pero necesitamos saber qué dice la ley", señaló Álvarez Angli. La mesa de trabajo podría iniciar la próxima semana.
El conflicto se originó cuando la ASE solicitó al municipio de Acapulco la comprobación del gasto de los 898 millones de pesos del FAIS ejercidos en 2023. Ante la negativa de la alcaldesa de comprobar recursos federales ante la Auditoría del Estado, el órgano fiscalizador interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, además de anunciar una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
La ASE sostiene que, mediante un convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene facultades para revisar el uso de recursos federales en el ámbito local, mientras que la presidenta de Acapulco, ha informado que ya comprobó dicho monto ante la ASF, por lo que no está obligada hacerlo ante la instancia estatal.
Por su parte, la diputada Ramos Pineda aclaró que la fiscalización no debe interpretarse como una persecución política, sino como un acto técnico y legal. "Todos los entes que manejan recurso público están obligados a rendir cuentas con transparencia", afirmó. Sin embargo, recalcó que la comisión no interviene en las auditorías realizadas por la ASE, sino que su función es vigilar y evaluar el trabajo del órgano fiscalizador.
El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, respaldó el procedimiento legal iniciado por la ASE y reiteró la importancia de que todos los entes públicos rindan cuentas. "No es un tema político, hay necesidad de que se hagan las auditorías correspondientes", declaró.
