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Chilpancingo, Guerrero.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Joaquín Badillo Escamilla, confirmó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la denuncia relacionada con la emisión de 49 cheques y la presunta falsificación de firmas que habría afectado a 21 diputados de distintas bancadas.
El Congreso entregó en “tiempo y forma” la información requerida por la Fiscalía, luego de que el caso fuera exhibido públicamente a través de plataformas digitales, al precisar que la documentación forma parte de los expedientes del Órgano Interno de Control, instancia a la que corresponde revisar las posibles irregularidades derivadas del proceso de entrega-recepción.
Solicitud de información
De acuerdo con la denuncia en la carpeta de investigación 12020090101208310826 y en el número de oficio 20053, interpuesta la Unidad de Atención Temprana de la FGE y filtrada en redes sociales este miércoles, fue recibida el 2 de septiembre, a las 11:21 horas por la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso Local.
En ella, el organismo en procuración de justicia solicitó proporcionar información en un plazo “no mayor a 3 días hábiles”, los antecedentes de Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Avilés Cruz -diputado suplente de Jesús Urióstegui García, de Morena-, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chávez Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada, así como su relación con el Congreso Local.
Entre otros puntos, la FGE requirió confirmar un número de cuenta y tipo de cuenta del Congreso Local, así como precisar los nombres de sus titulares del periodo que comprendido de enero de 2026 a la fecha. También preciso los folios de 49 cheques, y solicitó precisar quienes autorizaron la expedición de los “documentos bancarios”.
El documento filtrado pide informar “si del periodo comprendido del 01 de enero al 09 de junio de 2026 se expidieron otros cheques diversos (…) a favor de la víctima Guadalupe García Villalva”, de Morena. Todo lo anterior, precisa la FGE “por hechos con apariencia de los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude y peculado”.
Badillo: habrá una autoridad competente que determine
Badillo Escamilla sostuvo que no corresponde al Poder Legislativo determinar si existe una persona responsable, pues la denuncia se encuentra en curso y será una autoridad competente la que, en su momento, establezca si hubo alguna responsabilidad administrativa o de otra naturaleza.
“Hoy no somos un tribunal que pueda determinar la culpabilidad de alguien o no”, señaló al insistir en que cada “diputado y diputada” tiene responsabilidad sobre las comprobaciones que le corresponden y está en su derecho de acudir ante las instituciones correspondientes si considera que existen elementos para una investigación.
“Como presidente de la Jucopo”, afirmó que tanto ese órgano como el Grupo Parlamentario de Morena están a favor de la “transparencia y la rendición de cuentas”, por lo que rechazó que se esté ocultando o protegiendo información. “Ni se oculta ni se opaca ni se protege información”, sostuvo, al señalar que el Congreso ha dado seguimiento legal y administrativo al caso desde el proceso de entrega-recepción.
Badillo Escamilla agregó que, hasta el momento, tiene conocimiento de una sola denuncia relacionada con estos hechos y reiteró que ésta seguirá su curso ante la Fiscalía, al subrayar que el Congreso no pretende deslindarse de las acciones administrativas que le corresponden, pero tampoco asumirá atribuciones que corresponden a las autoridades investigadoras. “Habrá una autoridad competente que determine, no nosotros”, afirmó.
En medio de la investigación por estos presuntos delitos, Jesús Urióstegui García expresidente de la Junta de Coordinación Política y, por ende, excoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, no acudió a las sesiones de ayer martes y este miércoles.
