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Guadalajara, Jalisco.- Representantes de CONATRAM se reunieron con autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para exponer quejas del sector por presuntos abusos en la aplicación de infracciones al autotransporte de carga, principalmente en zonas de jurisdicción federal. El encuentro se realizó en Tlaquepaque con la mediación del diputado federal Francisco Javier Borrego Adame.
Durante la mesa de trabajo, la confederación planteó la necesidad de fortalecer la transparencia en los procedimientos de tránsito municipal y revisar criterios de sanción que, según el gremio, afectan la operación cotidiana del transporte de carga. Por parte del municipio participaron la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, el síndico José Luis Monteverde Ramírez, el secretario general José Luis Ramírez Espinoza, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Mario Silva Orozco y el consejero jurídico Mario Arturo Corona Guillén.
El legislador federal sostuvo que su intervención buscó abrir un canal directo de comunicación institucional para atender las problemáticas planteadas por los transportistas, con énfasis en garantizar certeza jurídica a los operadores y evitar prácticas que impacten su actividad productiva.
Quejas por infracciones en zonas federales
CONATRAM expuso que existen inconformidades por la imposición de multas en áreas de competencia federal, así como por la falta de claridad en los procedimientos de tránsito. El planteamiento incluyó la revisión de criterios y la necesidad de mecanismos que permitan verificar la legalidad de las sanciones.
Como resultado de la reunión, las partes acordaron revisar los criterios para imponer infracciones, reforzar controles internos y mecanismos de transparencia en la actuación de agentes de tránsito, y establecer esquemas de coordinación con el sector transportista para prevenir cobros indebidos y posibles actos de corrupción.
La confederación señaló que mantendrá el diálogo con autoridades locales y federales para dar seguimiento a los compromisos, con el objetivo de proteger los derechos de los operadores y reducir prácticas discrecionales. El gobierno municipal, por su parte, aceptó revisar los procedimientos señalados durante el encuentro.
