Table of Contents
San Miguel Totolapan, Guerrero. — La agresión a un niño de 12 años desató ayer un conflicto entre vecinos y fuerzas federales en San Miguel Totolapan, un municipio históricamente marcado por la violencia del crimen organizado. Lo que comenzó como una protesta local se convirtió en un reclamo generalizado contra la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, cuya base se ha establecido en una vivienda particular desde hace quince días.
El menor, identificado como Juan Diego, fue golpeado con el cañón de un rifle por soldados mientras circulaba en motocicleta. Según sus familiares, el niño llevaba botas de campo que los militares consideraron sospechosas y lo hicieron descender de la moto para propinarle tres impactos en la cabeza. Fue auxiliado por vecinos y trasladado al centro de salud local, donde requirió puntadas por heridas cortantes. Este hecho encendió la indignación de la comunidad, que desde 2017 ha protagonizado movimientos vecinales para expulsar a grupos criminales como el de “El Tequilero”.
Ayer, más de 500 habitantes marcharon hasta la base militar, ubicada en el barrio de Santiago, exigiendo la salida inmediata de las tropas. En medio del reclamo, los vecinos intentaron ingresar al inmueble, lo que provocó un intercambio de golpes: los soldados repelieron con palos y los manifestantes lanzaron piedras y escombros, resultando lesionada una mujer. El alcalde Arturo Julián Gómez intervino para mediar y pidió que los militares respetaran la voluntad de la comunidad. Se acordó que el Cabildo sesionará este miércoles para formalizar la solicitud de retiro.
El Ejército, mentiras recurrentes
La tensión en San Miguel Totolapan refleja un patrón recurrente en la Tierra Caliente de Guerrero, donde la presencia militar, originalmente justificada como estrategia de combate al crimen, ha generado conflictos con la población civil. Organizaciones locales denuncian que los operativos no distinguen entre criminales y ciudadanos, creando un clima de desconfianza que se perpetúa desde hace más de una década.
El Ejército defendió su actuación, alegando que desconocía la agresión al menor y mostrando artefactos punzocortantes recolectados durante la semana, pero no ofreció pruebas que vincularan directamente al niño con actividades delictivas. Sin embargo, los testimonios de maestros y familiares describen a Juan Diego como un estudiante ejemplar, sin antecedentes de violencia.
En paralelo, en Chilpancingo, las fuerzas de seguridad realizaron un cateo contra el grupo criminal Los Tlacos, asegurando armas, drogas y equipo táctico. La acción evidenció la continuidad de operativos en la región, pero también subrayó la persistente violencia que coloca a la población civil en un delicado equilibrio entre la delincuencia organizada y la militarización del territorio.
El control del crimen organizado
Analistas de seguridad consultados por este medio advierten que la falta de coordinación y de protocolos claros de actuación en zonas civiles convierte cada intervención en un riesgo para los habitantes. “La militarización sin acompañamiento social genera más miedo que protección. Los jóvenes y los niños son los más vulnerables a estas dinámicas de control territorial”, explica un investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero.
San Miguel Totolapan es un reflejo de una problemática más amplia en México: la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a despliegues militares. La violencia endémica, la desconfianza hacia las autoridades y la ausencia de políticas de prevención han convertido la Tierra Caliente en un laboratorio de conflicto permanente, donde la frontera entre protección y abuso se vuelve difusa.
Mientras la comunidad espera que el Cabildo formalice la salida de las tropas, la herida causada por la agresión a Juan Diego simboliza el costo humano de la militarización en regiones donde el control territorial y la seguridad no pueden garantizarse solo con armas. La pregunta que muchos vecinos se hacen es si, después de décadas de conflictos y de operativos fallidos, la presencia del Ejército realmente protege o perpetúa la inseguridad.
