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Chilpancingo, Guerrero.- El Congreso de Guerrero aprobó una reforma al artículo 211 del Código Penal del estado para redefinir los supuestos de sustracción o retención de niñas, niños y adolescentes en contextos de separación familiar, con el objetivo de evitar la criminalización de quienes actúan para protegerlos ante situaciones de riesgo. La modificación fue impulsada por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés.
El dictamen introduce criterios más claros para distinguir entre conductas dolosas y acciones de protección, al establecer que la retención temporal de un menor puede estar justificada cuando exista un peligro real e inminente derivado de violencia familiar, consumo de sustancias o crisis emocional de alguno de los progenitores. Con ello, se busca reducir la discrecionalidad judicial y centrar las decisiones en el interés superior de la infancia.
La reforma también fija una temporalidad máxima de 48 horas para la retención justificada y señala que, en casos de incumplimiento de convenios judiciales en materia familiar, debe agotarse primero la vía correspondiente antes de iniciar un proceso penal. Estos cambios buscan ofrecer mayor certeza jurídica tanto a las familias como a las autoridades encargadas de aplicar la ley.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Lührs Cortés explicó que la legislación anterior no distinguía entre quienes actuaban con dolo y quienes buscaban proteger a sus hijas o hijos de contextos de violencia, lo que derivaba en procesos penales contra personas cuidadoras. La diputada sostuvo que la reforma incorpora perspectiva de género y criterios de protección a la niñez.
Con esta modificación, Guerrero ajusta su marco penal para atender conflictos familiares desde un enfoque de protección y prevención, priorizando la seguridad de niñas, niños y adolescentes y reconociendo que, en determinados contextos, el cuidado no puede ser tratado como un delito.
