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La jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, impuso nuevas medidas cautelares al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico TRIBUNA. Entre las restricciones se incluye la designación de interventores del Tribunal Superior de Justicia que deberán revisar y aprobar, antes de su publicación, cualquier nota, imagen o comentario relacionado con la gobernadora Layda Sansores San Román.
La jueza determinó además que González Valdez no podrá actuar, declarar ni opinar sobre la mandataria, bajo el argumento de “proteger la dignidad de la víctima”. Según el resolutivo, estas disposiciones no constituyen censura, sino que buscan evitar la afectación a la imagen de la gobernadora.
La decisión se tomó tras la audiencia judicial de este martes, en la que participaron el asesor jurídico de Sansores, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta. Como parte de las medidas, el periodista deberá ser acompañado por un censor oficial en cualquier actividad pública, conferencia o programa donde pudiera hablar de la gobernadora.
Las restricciones sustituyen a las medidas cautelares anteriores que prohibían por dos años a González Valdez ejercer el periodismo y ordenaban dar de baja la plataforma digital de TRIBUNA. Dichas medidas fueron suspendidas provisionalmente por un Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que resolvió fundado el recurso de queja 411/2025, presentado por el periodista y la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V.
El Tribunal federal consideró que las restricciones iniciales trasgredían los derechos humanos protegidos en los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución, vulnerando la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia. Estas medidas surgieron a raíz de una denuncia de Layda Sansores, quien acusó al periodista y al medio de “incitación al odio y a la violencia” por sus publicaciones críticas.
Adicionalmente, se había ordenado el embargo de propiedades del periodista y el pago de una indemnización de dos millones de pesos por daño moral a un funcionario estatal. González Valdez calificó las nuevas restricciones como “excesivas” y reiteró que constituyen un acto de censura que limita su labor informativa.
