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Las declaraciones del senador Saúl Monreal Ávila, quien ha reiterado su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas pese a la prohibición de nepotismo impulsada por Morena, exhiben un problema más profundo que una simple disputa interna: la persistencia de liderazgos patriarcales y cacicazgos regionales que se resisten a acatar reglas cuando el poder ya no se ejerce desde una figura masculina incuestionable
Bajo el argumento de que “ningún estatuto está por encima del pueblo”, Monreal no solo desafía los lineamientos de su partido, sino que también deslegitima abiertamente una agenda ética y política respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por una dirigencia nacional encabezada, igualmente, por una mujer. El mensaje implícito es claro: las reglas parecen volverse negociables cuando afectan a quienes históricamente han detentado el poder.
Resulta significativo que este tipo de cuestionamientos no se presentaran con la misma intensidad durante el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Durante su presidencia, los lineamientos partidarios, las decisiones estratégicas y las definiciones políticas rara vez eran desafiadas públicamente por los liderazgos regionales de Morena. Hoy, en cambio, la llegada de una mujer a la Presidencia y a la conducción política del movimiento ha reactivado resistencias que evidencian un machismo estructural aún no resuelto.
El caso Zacatecas no es aislado. Refleja la lógica de los cacicazgos familiares que durante décadas han confundido capital político con patrimonio personal, y que conciben los cargos públicos como herencias transferibles entre hermanos, hijos o aliados. La narrativa del “pueblo” se utiliza como coartada para justificar la concentración del poder y evadir principios que el propio movimiento dice defender.
El problema no es únicamente el nepotismo, sino la negativa a reconocer la autoridad política de una presidenta y de una dirigencia partidaria encabezada por mujeres. Cuando ciertos liderazgos masculinos se sienten con derecho a ignorar, reinterpretar o desafiar públicamente las reglas, se reproduce una cultura política profundamente patriarcal que termina por minar la credibilidad del discurso transformador.
Morena enfrenta así una prueba decisiva: definir si la transformación también implica desmontar los privilegios masculinos y los feudos regionales, o si seguirá tolerando que determinados apellidos se coloquen por encima de los principios. La coherencia entre discurso y práctica será determinante no solo para Zacatecas, sino para la legitimidad del proyecto político que hoy gobierna el país.
