Comité de Transparencia en Tabasco encubre enriquecimiento de Hernán Bermúdez

El caso del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ilustra cómo un sistema diseñado para la rendición de cuentas puede ser pervertido para servir a la impunidad. La reserva de su declaración patrimonial bajo el pretexto de "riesgos para la vida" no fue una aplicación legítima de la ley, sino un abuso de la autoridad del Comité de Transparencia de la SSPC de Tabasco. 

En una decisión que ha generado controversia, el Comité de Transparencia de la SSPC de Tabasco clasificó su declaración patrimonial como reservada por cinco años, con el argumento de que la divulgación de los datos podría poner en "riesgo su vida".

Esta justificación, que también incluía una supuesta protección de información sensible como "planos" y "sistemas de armamento", es considerada por expertos como un pretexto para ocultar un enriquecimiento ilícito, ya que este tipo de expedientes no contienen información clasificada.

El caso de Hernán Bermúdez no solo es una historia de corrupción, sino una prueba crítica de la fragilidad del sistema de rendición de cuentas en México.

El encubrimiento en Tabasco

La excusa de la seguridad personal se convierte en un escudo de impunidad para ocultar la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El caso de Bermúdez demuestra que las leyes por sí solas no son suficientes si no existe una voluntad genuina de aplicarlas con integridad.

La fuga de Bermúdez y su posterior captura en Paraguay, a través de la cooperación federal e internacional, demuestra que la justicia se impuso a la opacidad local. Sin embargo, el hecho de que la reserva del expediente fuera posible en primer lugar, a pesar de las crecientes sospechas sobre la infiltración criminal en la SSPC, es un recordatorio de que los mecanismos de transparencia pueden ser tan vulnerables como las instituciones que los administran.

El caso de Hernán Bermúdez Requena se erige como una lección magistral sobre la manipulación del marco legal de transparencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco establece el principio fundamental de "máxima publicidad", que dicta que toda la información en posesión de los sujetos obligados debe ser pública, completa y accesible.

Expertos en la materia sostienen que la declaración patrimonial de un servidor público no debe ser considerada información confidencial. El aforismo "el que nada debe, nada teme" encapsula la expectativa pública de que los funcionarios transparenten sus bienes, pues la falta de transparencia socava la confianza en el gobierno. Un estudio de la UNAM concluye que, en la experiencia comparada, no se ha verificado un solo caso en el que una legislación que prevea la publicidad de la declaración patrimonial haya decidido revertir su normativa interna para clasificar esa información como reservada. La decisión en Tabasco, por lo tanto, es una anomalía legal que expone una falla crítica en el sistema. 

La justificación absurda

La medida de protección legal para Hernán Bermúdez adquiere una dimensión aún más irónica a la luz de las graves acusaciones que surgieron posteriormente. El exjefe de policía fue identificado como "Comandante H", presunto líder de una célula criminal conocida como "La Barredora". Este grupo delictivo, supuestamente vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , es señalado por una amplia gama de actividades ilícitas que socavan la seguridad pública, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro exprés y el robo de combustible, conocido como huachicol. 

Lo que convierte este caso en una manifestación de una crisis sistémica es el modus operandi criminal-institucional. Según investigaciones periodísticas y documentos filtrados de la Fiscalía, Bermúdez habría puesto la maquinaria del Estado a disposición de sus operadores criminales. Se ha revelado que patrullas, policías y otros vehículos de la Secretaría de Seguridad fueron utilizados para "custodiar traslados de droga, pipas de combustible robado de Pemex y hasta para cometer secuestros". Testimonios de un testigo protegido incluso detallan un esquema financiero de pagos semanales de 8 millones de pesos por el trasiego de drogas y 2 millones adicionales por huachicol, los cuales debían ser entregados directamente en la casa de Bermúdez. 

Estas revelaciones demuestran que el caso no se limita a un acto de corrupción individual, sino que expone una subversión profunda de la institución estatal. La figura de Hernán Bermúdez como "Comandante H" simboliza la fusión de su rol oficial de "Comandante" de la policía con su presunta identidad criminal, borrando la línea entre el Estado y el crimen organizado. El supuesto uso de la fuerza policial, de la infraestructura y de los recursos de seguridad para proteger y facilitar actividades criminales es un nivel de infiltración que no solo facilita la ilegalidad, sino que también socava la confianza pública y la legitimidad de las instituciones, dejando a la ciudadanía indefensa.

La flagrante contradicción entre la justificación legal para la reserva del expediente y las acusaciones que ahora pesan sobre el exfuncionario es evidente, como se ilustra en la siguiente tabla.

La Paradoja de la Transparencia: Justificación Oficial vs. Acusaciones Reveladas

 La ironía es devastadora: una justificación centrada en la "seguridad" fue utilizada para ocultar un expediente que, de haberse hecho público, habría expuesto las mismas actividades que más amenazaban la seguridad pública en la región de Tabasco.