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La Comisión de Justicia aprobó en lo general y en lo particular, con 22 votos a favor de diputadas y diputados de Morena, PVEM y PT, siete en contra del PAN y PRI, y dos abstenciones de MC, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de la Guardia Nacional y abroga la norma vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales.
Moreno Rivera informó de la recepción de la opinión de impacto presupuestal de la iniciativa sobre la Guardia Nacional emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el pasado lunes 16 de junio y se integró al expediente.
El objetivo, subrayó, es armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, en la que se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Resaltó que la Guardia Nacional forma parte de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno que deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil, fundada en el servicio de la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley.
Destacó que se propone la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y la modificación de seis leyes y dos códigos vigentes, con el fin de lograr su consolidación transexenal en beneficio del pueblo de México, bajo los principios de legalidad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y colaboración con las autoridades civiles.
Puntualizó que las funciones que establece para la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y aprobada por el Senado de la República; es decir, obedece una estrategia y mando de carácter civil encabezado por la presidenta de la República.
Contempla también que los mandos superiores operativos de la Guardia Nacional recaerán en las personas titulares de la Comandancia de las Coordinaciones Territoriales y Estatales, así como las unidades circunstanciales de manera similar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales serán designados por la persona titular del Ejecutivo Federal.
La nueva Ley de la Guardia Nacional, explicó, establece que los fines de dicho acuerdo policial son salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, preservar las libertades, generar y preservar el orden público y la paz social, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.
Se prevé que los integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de esta función, deben contar con el Certificado Único Policial, cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización en materia policial y cumplir con los ordenamientos que emita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Relató que se señala que la investigación de los delitos a cargo de la Guardia Nacional se lleve a cabo bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal, observando en todo momento el debido proceso previsto como una garantía en la Constitución Federal.
Un tema relevante de la reforma, añadió, consiste en que regula aspectos de seguridad social, ruta profesional, ascensos, equivalencias jerárquicas, así como las sanciones y causales de baja por infracciones disciplinarias que no constituyan un delito.
Castigo severo a faltas
Para evitar que exista impunidad en las filas de la Guardia Nacional, se modifica la legislación penal militar, adicionándose un capítulo de delitos especiales para sancionar al personal de la Guardia Nacional con penas severas y ejemplares, por lo que sus integrantes estarán sujetos tanto a la jurisdicción militar como al fuero federal o común, según corresponda.
Con la reforma, añadió, se determina claramente que cuando los integrantes de la Guardia Nacional cometan faltas en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública quedarán sujetos a la jurisdicción civil federal.
Además, la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la atribución de contar con organismos de inteligencia, los cuales se coordinarán con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información para generar, compartir y obtener información para cumplir con los de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aspectos que se prevén en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de seguridad pública y de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que serán discutidas igualmente en esta Legislatura.
Dictamen violatorio
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) mencionó que este dictamen es violatorio a los derechos humanos, ya que las facultades asignadas a la Guardia Nacional son anticonstitucionales. “Con la reforma no solo se habrá de concretar la militarización de la Guardia Nacional, sino que se dan los primeros pasos para militarizar de manera indirecta a los cuerpos policiacos estatales y municipales”.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) señaló que hasta antes de la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional no existía un fundamento que facultara a la Titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; “Solamente mediante el control institucional podremos evitar excesos y asegurar que el actuar de los cuerpos de seguridad se mantenga dentro del marco legal”.
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada del PAN, expresó que su grupo parlamentario votará en contra, pues no se turnó ni para opinión a la Comisión de Defensa Nacional. La armonización, lejos de dar armonía, será un enredo; hay enormes contradicciones entre la Ley de la Guardia Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elimina requisitos importantes y se dice que no habrá impacto presupuestal de esas nueve leyes. “No cuida al Ejército mexicano ni a la Guardia Nacional”
El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) cuestionó cómo implementar un esquema institucional adecuado para el nuevo modelo constitucional, garantizar un equilibrio del poder cívico, así como fortalecer los esquemas de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. Propuso la creación de nuevos instrumentos, como la conformación de una Comisión Bicamaral en materia de seguridad pública y seguridad interior.
En opinión del diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) el dictamen vulnera el principio constitucional que establece que las instituciones de seguridad pública siempre serán de naturaleza civil; se encomienda a la Guardia Nacional que efectúe tareas para prevenir infracciones administrativas, que sean investigadores y recaben información de lugares públicos para evitar la delincuencia. “No hay control parlamentario ni límites efectivos; se le otorga más poder al Ejecutivo para usar las Fuerzas Armadas sin contrapesos”.
Por el PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández advirtió que la concentración de poder otorgada a la Secretaría de la Defensa Nacional pone en peligro las libertades del país y genera preocupaciones a las y los mexicanos. “Es por eso que el PAN no puede acompañar esta reforma que es peligrosa, por todos los ingredientes extra que tiene”.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) resaltó que el dictamen no da certeza ni seguridad ni mucho menos estabilidad ni protección a las y a los mexicanos; se está poniendo en riesgo de convertir al Ejército en enemigo de los mexicanos, no se protege al Ejército y se le está poniendo en el primer lugar para atender los problemas de seguridad pública y va a demeritar su labor. “Vamos a votar en contra porque creemos que la militarización no es la solución a los graves problemas que tiene el país; es un golpe al Estado y a la democracia”.
A su vez, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) comentó que la seguridad pública en el país no es la función de la Guardia Nacional nada más, también es la función del Ministerio Público, de las autoridades penitenciarias y de la administración de justicia. “No se va a militarizar al país sino habrá personal militar que tendrá una formación policiaca para cumplir solo la función de prevención y en las demás investigaciones que previne el artículo 21 constitucional. Eran necesarias estas reformas a ocho leyes y la nueva Ley de la Guardia Nacional; la función de seguridad pública no está militarizando”.
Conforme al acuerdo de la junta directiva de la Comisión, las reservas y adiciones al texto normativo y régimen transitorio, así como los votos particulares que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión presenten se remitan a la Mesa Directiva, acompañados del dictamen, sin perjuicio de aquellas reservas que sean presentadas en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados.
