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Acapulco, Gro.- El colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco rechazó las cifras oficiales sobre personas desaparecidas presentadas por la presidencia de la República y exigió a las autoridades acciones efectivas de búsqueda, al señalar que los registros no reflejan la magnitud del problema ni garantizan justicia para las víctimas.
Durante una conferencia en el Muro de la Memoria, ubicado en el zócalo de Acapulco, la presidenta del colectivo, Socorro Gil Guzmán, quien busca a su hijo desaparecido el 5 de diciembre de 2018 en el centro del puerto, cuestionó el enfoque institucional basado en estadísticas.
“La administración del dolor con estadística no es justicia, sin que nuestros seres queridos sean encontrados”, afirmó.
También insistió:
"No queremos más conteos, queremos que busquen”.
Acompañada por otras siete madres de familia que buscan a familiares desaparecidos —entre ellos hijos, esposos y hermanos—, Gil Guzmán sostuvo que en el país hay más de 133 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas.
El colectivo denunció además que en Guerrero el registro oficial dejó de actualizarse hace tres años y medio, cuando reportaba 4 mil 500 casos.
Según estimaciones de organizaciones, actualmente la cifra superaría las 8 mil personas no localizadas.
En contraste, el informe federal reconoce únicamente 3 mil 800 carpetas de investigación abiertas.
Gil Guzmán atribuyó esta diferencia a las dificultades que enfrentan las familias para denunciar.
Señaló que los ministerios públicos retrasan la apertura de expedientes mediante trámites repetitivos, lo que demora el inicio de las búsquedas.
“Se pierde tiempo valioso para la búsqueda de víctimas por la inacción y la complicidad de las autoridades”, acusó.
También criticó que las autoridades condicionen la búsqueda a la existencia de una carpeta de investigación que, en muchos casos, no recibe seguimiento.
“El gobierno no anuncia ninguna acción para subsanar, activar las búsquedas. Las fallas en el registro no son responsabilidad de las familias”, sostuvo.
Sobre los informes oficiales que indican que el 96 por ciento de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, Gil Guzmán advirtió que esa narrativa estigmatiza a las víctimas: “eso alimenta el estigma de que nuestros seres queridos se fueron porque quisieron”.
Finalmente, afirmó que no existe un plan de búsqueda efectivo y que, en muchos casos, son las propias familias quienes realizan las localizaciones. “Para ellos es más fácil negar la desaparición forzada”, concluyó.
