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Ciudad de México.- En un movimiento significativo para combatir los altos índices de obesidad y diabetes en México, la industria mexicana de Coca-Cola —representada por FEMSA— ha sellado un acuerdo con el Gobierno federal que implica una profunda transformación en su portafolio de bebidas y estrategia comercial.
El compromiso central, anunciado por Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, es la reducción escalonada del 30% de las calorías en sus refrescos, comenzando por las presentaciones de mayor tamaño. La meta ambiciosa es que, en un plazo no mayor a un año, el 70% del volumen de ventas del sector en México provenga de formulaciones con menos calorías por mililitro.
La receta tradicional en la mira
Este acuerdo, negociado en medio del debate legislativo sobre un posible aumento de impuestos a las bebidas azucaradas, implica modificar la fórmula de la bebida más icónica de la compañía. "Garantizaremos... una reducción del 30 % de las calorías de Coca-Cola de manera escalonada", afirmó Campa desde la Cámara de Diputados, admitiendo que este tipo de ajustes ya se han implementado gradualmente en otros mercados.
Saludable y más barato
Quizás el punto más disruptivo del pacto es la estrategia de precios: Coca-Cola se compromete a que sus versiones sin azúcar sean más económicas que sus equivalentes regulares.
“Nuestro objetivo es claro: que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías, promoviendo así opciones más saludables,” detalló Campa. Esto requiere un rediseño de la estructura comercial y de cuotas para asegurar que esta diferenciación de precios llegue efectivamente a los consumidores, especialmente en los puntos de venta minoristas.
Publicidad responsable: adiós a menores de 16 años
Como tercer pilar del acuerdo, FEMSA reforzará su política de publicidad. Se eliminará la presencia de menores de 16 años en sus anuncios y se dará prioridad a la promoción de las versiones sin azúcar sobre las regulares, buscando mitigar la exposición de los jóvenes al consumo de azúcares.
Alta demanda y riesgo sanitario
El compromiso se da en un país que es uno de los mayores consumidores de refrescos a nivel global, con un promedio de 166 litros por persona al año. El consumo excesivo de estas bebidas está directamente ligado a la alta prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2.
La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado el acuerdo en su conferencia matutina, celebrándolo como un avance para la salud pública. No obstante, expertos en salud han insistido en que el cumplimiento de estas promesas deberá estar sujeto a una estricta y constante vigilancia gubernamental.
Este pacto marca un hito en la relación entre el Gobierno y la industria de bebidas, que hasta ahora había lidiado con medidas como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 2014 y el etiquetado frontal de advertencia de 2020.
