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Ciudad de México.- El proyecto turístico rebautizado como Perfect Day Mahahual avanzó sobre la selva costera y el manglar sin permisos ambientales, hasta que una denuncia ciudadana obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a intervenir. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal de las obras en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, tras documentar una afectación directa a más de 17 mil metros cuadrados de ecosistema sensible.
La inspección reveló actividades de relleno y compactación de un camino rústico dentro de una zona de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y manejo de escombros, todo ello sin contar con autorización en materia de impacto ambiental, un requisito básico para cualquier desarrollo en áreas costeras.
De acuerdo con la Profepa, el 28 de enero inspectores acudieron a un conjunto de predios en la localidad de Mahahual, que en su conjunto abarcan una superficie cercana a los 79 mil 426 metros cuadrados. Durante el recorrido, levantaron coordenadas del polígono y constataron que las obras correspondían a un proyecto que anteriormente se promovía como “Destino Mahahual” y que ahora opera bajo el nombre de “Perfect Day Mahahual”.
El cambio de nombre, sin embargo, no vino acompañado de permisos ni evaluaciones ambientales. En el sitio se realizaban labores de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de material pétreo y metálico, pese a que no existe autorización oficial que avale la transformación del uso de suelo ni la intervención del ecosistema costero.
La clausura llega después de que el daño ya estaba hecho. La superficie afectada —17 mil 115 metros cuadrados— corresponde a un entorno de alta fragilidad ecológica, clave para la protección del litoral, la biodiversidad y la mitigación de impactos climáticos, como huracanes y marejadas.
La diligencia concluyó el martes y dio paso al inicio de un procedimiento administrativo que, según la Profepa, continuará conforme a los plazos establecidos en la ley. No obstante, el caso vuelve a exhibir un patrón recurrente en el Caribe mexicano: proyectos turísticos que avanzan sin permisos, devastan el entorno y solo se detienen cuando la presión social o las denuncias hacen inevitable la intervención de la autoridad.
Mientras tanto, el manglar —ecosistema protegido por ley— vuelve a quedar como víctima de un modelo de desarrollo que privilegia el negocio inmobiliario y turístico por encima de la legalidad ambiental y del interés público.
