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Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, denunció ser víctima de acoso y conductas clasistas luego de que en plataformas digitales se difundieran fotografías de ella comiendo en el restaurante Negroni, así como la imagen del ticket con el consumo detallado de su mesa.
A través de sus cuentas oficiales, la exsecretaria de las Mujeres exhibió a las personas que presuntamente le tomaron las imágenes sin su consentimiento y se adelantó a la conversación pública para señalar que este tipo de señalamientos suelen ser instrumentalizados políticamente para generar controversia.
La funcionaria sostuvo que el ejercicio de un cargo público no contraviene la posibilidad de disponer del salario propio para actividades recreativas o gastronómicas.
Argumentó que los ataques vertidos en redes sociales responden a una falta de debate político de fondo por parte de sus opositores, e ironizó sobre el episodio sugiriendo que, si los comensales deseaban una fotografía con ella, podían haberla solicitado directamente en lugar de recurrir al seguimiento encubierto.
Los límites de la austeridad republicana
Hernández Mora aprovechó el episodio para redefinir el alcance del principio de "austeridad republicana" que promueve su partido. De acuerdo con la dirigente, la ética de la justa medianía implica abstenerse de utilizar recursos del erario para lujos o privilegios personales, mas no prohíbe el uso de ingresos privados en establecimientos comerciales.
La controversia revivió el debate recurrente sobre el alcance del escrutinio ciudadano hacia la conducta cotidiana de los servidores públicos de la autodenominada Cuarta Transformación.
Contexto del caso
El incidente de Citlalli Hernández enmarca una constante tensión mediática entre el discurso de austeridad gubernamental y la vida privada de los cuadros dirigentes del partido oficialista.
En años recientes, diversos funcionarios de Morena han sido objeto de filtraciones y campañas de escarnio en redes sociales tras ser fotografiados en establecimientos de alta gama, viajes o eventos privados, lo que suele activar polémicas sobre la coherencia entre el perfil político y los hábitos de consumo.
Mientras la oposición califica estas situaciones como contradicciones con la retórica antidistintiva del movimiento, los liderazgos del partido señalan que tales capturas constituyen una transgresión al derecho a la privacidad y una forma de violencia política orientada a desgastar su imagen pública.
