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Ciudad de México.- Un nuevo frente de confrontación se abrió entre el Gobierno Federal y la industria de la radiodifusión. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —organismo que sustituyó al IFT— sometió a consulta pública los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un esquema que contempla sanciones y multas económicas a medios de comunicación que difundan "información falsa, descontextualizada o histórica como actual".
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguraron que el objetivo es promover la "autorregulación sin censura", la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) encendió las alarmas al advertir que los criterios otorgan al Gobierno la facultad discrecional de determinar qué es verdad y qué no.
Multas de hasta 1% de ingresos e intervención directa del Estado
El proyecto, derivado de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025, obliga a concesionarias públicas, privadas y comunitarias de radio y televisión abierta o de paga a implementar:
- Separación de contenidos: Distinguir con claridad la información noticiosa de la opinión mediante cortinillas, plecas o mensajes en pantalla, además de separar la publicidad del contenido editorial.
- Códigos de Ética y Defensorías: Designar obligatoriamente a un defensor de las audiencias independiente para procesar quejas del público.
- Derecho de réplica y accesibilidad: Mecanismos claros para reclamos por datos inexactos y herramientas para personas con discapacidad auditiva.
El punto de mayor fricción radica en el mecanismo sancionador: si un usuario considera que su queja no fue atendida por el defensor del medio, la CRT podrá intervenir directamente, evaluar la infracción e imponer multas económicas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de la empresa.
La CIRT advierte "riesgo de regresión"
Tras la presentación de la propuesta, la CIRT —que agrupa a más de 1,200 estaciones afiliadas— emitió un pronunciamiento donde, si bien apoyó la necesidad de proteger a las audiencias, tildó las reglas de "ambiguas" y excesivas.
El organismo empresarial alertó que las sanciones planteadas están al margen de la ley —la cual solo contempla multas por omitir al defensor o al código de ética— y denunció que habilitar "recursos de inconformidad" para que el gobierno revise las resoluciones de las defensorías ciudadanas invalida la autorregulación.
"Los lineamientos permiten al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad", recriminó la CIRT. Asimismo, pidieron prohibir quejas anónimas para evitar campañas de acoso o presión contra comunicadores.
Sheinbaum defiende la medida
Ante los cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró durante la conferencia matutina que los lineamientos —que estarán en consulta pública hasta el 21 de agosto— no aplican para la prensa escrita ni para portales web de noticias, enfocándose exclusivamente en concesiones del espectro radioeléctrico.
"La consulta pública es para que todos podamos participar, desde radios comunitarias hasta grandes empresas. La libertad de expresión también conlleva responsabilidades. No es estar multando; el objetivo es un proceso de autorregulación del propio medio", sostuvo la Mandataria.
Con la consulta pública en marcha, la CIRT alista una posición unificada para buscar modificaciones al proyecto antes de su publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación.
