Table of Contents
Chilpancingo, Guerrero. — Una confrontación política se desató en el Congreso del Estado de Guerrero tras la aprobación de la Cuenta Pública 2023, luego de que el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señalara posibles omisiones en la fiscalización del Poder Legislativo. En respuesta, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, negó cualquier irregularidad y aseguró que el ejercicio correspondiente a la administración de Yoloczin Domínguez Serna fue revisado y se encuentra completamente solventado.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno, el Congreso mantiene cinco promociones de responsabilidad administrativa, dos pliegos de observaciones y dos recomendaciones derivadas de auditorías. Sin embargo, la ASE aclaró que estas observaciones no corresponden al periodo en que Domínguez presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y que los recursos de 2023 fueron ejercidos de forma correcta y conforme a la ley.
Durante la sesión del miércoles, Badillo Escamilla cuestionó que la revisión de la ASE se haya limitado al 17.19 por ciento del presupuesto total, y sugirió que la muestra fue “a modo”. El auditor Paris Peralta respondió que los procedimientos se realizaron con apego a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y bajo las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). “No hay adeudos, desvíos ni irregularidades. Todo fue solventado en tiempo y forma”, afirmó.
El funcionario detalló que la solventación total de las observaciones fue entregada al Congreso el 29 de octubre, y que los informes técnicos avalan el cumplimiento normativo. Añadió que solo en caso de detectar desvíos se practican auditorías forenses, lo cual “no fue necesario en este caso”.
Por su parte, la ahora diputada federal Yoloczin Domínguez Serna rechazó cualquier acusación y defendió su gestión. Afirmó que las cuentas públicas de su periodo ya fueron revisadas tanto por la ASE como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Actué con transparencia, responsabilidad y apego a la legalidad. No existe resolución ni observación definitiva en mi contra”, enfatizó.
Domínguez calificó como “maniobra política” los señalamientos recientes y lamentó que se intente construir una narrativa de corrupción sin sustento. “Las auditorías son ejercicios normales de control institucional, no instrumentos de ataque mediático. Mi compromiso fue y sigue siendo con la rendición de cuentas”, declaró.
Mientras tanto, Badillo Escamilla anunció que solicitará una auditoría forense para esclarecer el manejo de los recursos en el Congreso durante 2023.
