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Chilpancingo, Guerrero.— La diputada local Catalina Apolinar Santiago decidió acudir ante la Fiscalía General del Estado para denunciar formalmente la presunta falsificación de su firma en decenas de cheques relacionados con recursos del Congreso de Guerrero.
La legisladora explicó que inicialmente tuvo conocimiento de un cheque por 5 mil pesos que aparecía como pendiente de justificar. Al revisar la documentación correspondiente, afirmó que encontró una firma que no reconoció como propia. Posteriormente, dijo, tuvo conocimiento de que había más documentos relacionados con su nombre y que el monto acumulado se acercaba a los 12 millones de pesos.
Apolinar Santiago explicó que decidió proceder legalmente para dejar constancia de que esos recursos no fueron recibidos por ella y que sea la autoridad correspondiente la que determine qué ocurrió.
“Yo tampoco me voy a regresar a mi pueblo con esa marca de que yo me agarré 12 millones de cosas que yo no he agarrado”, expresó durante una entrevista.
La diputada agregó que, antes que permitir que el señalamiento quedara sobre ella, optó por presentar la denuncia y entregar el caso a las autoridades.
La denuncia se suma a una investigación en curso
La acción de Apolinar Santiago ocurre en medio de una problemática que el Congreso de Guerrero ya había reconocido públicamente desde días anteriores.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla, informó el 22 de septiembre que ya existía una segunda denuncia ante la Fiscalía por presuntos cobros irregulares de cheques emitidos a nombre de legisladores. En ese momento no reveló públicamente el nombre de la diputada, aunque posteriormente se identificó que se trataba de Catalina Apolinar.
La primera denuncia correspondió a la diputada Guadalupe García Villalva. De acuerdo con información difundida por Bajo Palabra, en su caso se habrían cobrado al menos 49 cheques a su nombre entre enero y junio de 2026.
Por ello, la denuncia de Apolinar no representa el inicio del problema, sino una nueva actuación dentro de un caso que ya se encuentra bajo investigación.
Badillo Escamilla sostuvo que el Poder Legislativo no encubrirá a funcionarios relacionados con las posibles irregularidades y que serán las autoridades competentes las encargadas de deslindar responsabilidades.
La diputada dice sentirse decepcionada
Más allá de la denuncia jurídica, Apolinar Santiago habló sobre el impacto personal que tuvo conocer que aparecieran documentos con una firma que, según sostiene, no es suya.
La legisladora, quien representa al distrito XIV con cabecera en Ayutla de los Libres y preside la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso, dijo que inicialmente se sintió decepcionada al conocer la situación.
“Yo como diputada de la Montaña, a mí mi mamá me enseñó no agarrar un peso”, expresó.
La diputada señaló que proviene de una comunidad de la región Montaña y que, desde su perspectiva, el señalamiento tiene una repercusión que va más allá de las cifras, porque podría afectar la manera en que sus propios representados interpretan su actuación como legisladora.
“No voy a regresar a mi pueblo con esa marca”, insistió al explicar por qué decidió acudir ante la Fiscalía.
Pide que se investigue y se determine quién utilizó los documentos
Apolinar Santiago afirmó que los recursos que sí ha recibido del Congreso para realizar gestiones han sido comprobados y que su denuncia busca que se determine el origen de los documentos y quién realizó los movimientos cuestionados.
La legisladora también señaló que no busca perjudicar a personas que pudieran resultar inocentes y que corresponde a las autoridades establecer qué sucedió.
La Fiscalía General del Estado deberá determinar, a partir de la denuncia y de las pruebas que se incorporen a la investigación, si existió falsificación de firmas, quién habría intervenido en los cobros y cuál fue el destino de los recursos.
Hasta ahora, la acusación de falsificación corresponde a la versión de la diputada y forma parte de una investigación en curso; no existe una determinación judicial que establezca responsabilidades.
El caso se suma así a las denuncias que ya se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de cheques emitidos a nombre de integrantes del Congreso de Guerrero.
