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Ciudad de México.- El recién instaurado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dictó su primera medida de alto impacto al suspender a las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías. Las juzgadoras, quienes obtuvieron sus cargos mediante el voto popular en la elección judicial de 2025, enfrentan acusaciones de irregularidades procesales tras haber otorgado un amparo que bloquea la extradición a Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
La resolución del TDJ surge de una queja interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR). El órgano disciplinario sostiene que las magistradas actuaron con celeridad injustificada y "suplieron indebidamente" los argumentos legales para beneficiar al exmandatario, quien militó en el PRI y actualmente forma parte del Partido Verde (PVEM), aliado del bloque oficialista.
Un expediente "congelado" y una resolución "intempestiva"
El caso de Eugenio Hernández, quien gobernó Tamaulipas entre 2005 y 2010 —periodo marcado por el auge de los cárteles del Golfo y Los Zetas—, permaneció sin movimientos procesales durante siete años. Sin embargo, tras la llegada de las nuevas magistradas al Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas, el asunto tomó una velocidad inusual:
- Omisión de plazos: Según el TDJ, el expediente fue subido a sesión de pleno en diciembre de 2025 sin estar listado y sin notificar debidamente a la FGR.
- Conflicto de atribuciones: El amparo concedido por las magistradas argumentaba que la Cancillería mexicana no consideró una opinión jurídica no vinculante de un juez. El TDJ calificó esto como una invasión de facultades, subrayando que la extradición es una "facultad exclusiva del Poder Ejecutivo" basada en la soberanía nacional y la reciprocidad internacional.
El factor político y la seguridad jurídica
Este caso pone a prueba la narrativa de la reforma judicial. Mientras el gobierno defendió la elección de jueces como un método para limpiar la corrupción, la suspensión de estas magistradas "electas" sugiere que el nuevo sistema de disciplina operará con rigor sobre los perfiles recién integrados, especialmente en casos que afectan la agenda de justicia internacional y la relación bilateral con EU.
"La determinación de extradición es un acto de soberanía reservado al criterio del Ejecutivo Federal", dictó la resolución, enviando un mensaje claro sobre los límites de los tribunales colegiados en temas de política exterior.
Perfil del beneficiado
Eugenio Hernández Flores no es un actor menor en la política fronteriza. Su administración ha sido objeto de escrutinio por agencias estadounidenses debido a presuntos nexos con estructuras del narcotráfico. Su reciente alineación con el Partido Verde añade una capa de complejidad política al caso, en un momento donde el oficialismo busca consolidar su control institucional.
El futuro de las magistradas queda ahora en manos de un proceso administrativo que determinará si la suspensión se convierte en una destitución permanente, marcando un precedente crítico para el nuevo orden judicial de México.
