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Ciudad de México.- Luisa María Alcalde se convirtió en la figura central del caso que involucra la solicitud de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios mexicanos, al ser quien ha ido marcando públicamente las reglas del proceso y sus límites legales.
Desde Palacio Nacional, la consejera jurídica ha puesto sobre la mesa que el asunto no avanza por inercia diplomática ni por presión externa, sino por un entramado jurídico que exige pruebas concretas antes de cualquier detención provisional.
Alcalde marca el ritmo legal
Con una explicación detallada del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, Luisa María Alcalde ha insistido en que la figura de detención provisional sólo puede activarse si existe evidencia clara de urgencia, como riesgo de fuga u obstrucción del proceso.
Bajo esa lógica, explicó que la Fiscalía General de la República encontró un punto crítico en la solicitud, la falta de elementos que justifiquen esa urgencia. Ese vacío ha sido suficiente para frenar el avance inmediato del procedimiento.
SRE exige pruebas faltantes
A partir de esa revisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la parte estadounidense que complete el expediente con datos que permitan sostener jurídicamente la petición. Sin esos elementos, no puede intervenir un juez de control para ordenar detenciones o medidas cautelares.
Alcalde ha recalcado que el proceso no implica un juicio sobre culpabilidad ni una determinación anticipada sobre los señalados. Todo permanece en fase de análisis, donde la presunción de inocencia sigue siendo el eje.
Si eventualmente se acreditara la urgencia, el caso abriría un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición. Por ahora, el expediente sigue detenido en revisión.
