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Quintana Roo.- La suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito contra el megaproyecto turístico “Perfect Day Mahahual” no sólo detuvo en tribunales un desarrollo de alto impacto en la costa sur de Quintana Roo, sino que puso bajo la lupa el papel del gobierno estatal, encabezado por Mara Lezama, en la reconfiguración urbana que pretendía allanar su avance.
La medida, concedida en el juicio de amparo promovido por la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), mantiene sin efectos legales las autorizaciones, permisos y licencias derivados de cambios de uso de suelo y planeación urbana impulsados desde instancias locales, mientras se resuelve el fondo del caso.
En su resolución, el juzgado consideró que existen elementos que apuntan a la posible ilegalidad de los actos reclamados, así como riesgos de afectaciones ambientales de difícil o imposible reparación, en una zona caracterizada por manglares y ecosistemas costeros sensibles.
DMAS señaló que la suspensión definitiva confirma que la planeación urbana y territorial no puede separarse del cumplimiento de la legislación ambiental ni del derecho humano a un medio ambiente sano, particularmente cuando los gobiernos locales promueven proyectos de gran escala sin garantizar previamente su viabilidad ambiental.
Gobierno de Mara Lezama respaldó ecocidio
El caso resulta incómodo para la administración de Mara Lezama, que ha hecho del discurso de desarrollo sustentable y justicia ambiental uno de los ejes de su gestión, pero cuyo gobierno respaldó —a través de instancias estatales y municipales— modificaciones de uso de suelo que permitían el desarrollo del proyecto, aun sin contar con la autorización federal en materia de impacto ambiental.
La fragilidad de ese respaldo quedó en evidencia cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal del proyecto por realizar obras sin permiso federal, confirmando que el desarrollo avanzaba sin cumplir un requisito indispensable.
Durante una inspección realizada tras una denuncia ciudadana, personal de la Profepa documentó relleno y compactación de un camino rústico en vegetación costera con presencia de manglar, así como demolición y manejo de escombros en una superficie de 17 mil 115 metros cuadrados, dentro de un polígono de casi 80 mil metros cuadrados.
El proyecto, originalmente denominado “Destino Mahahual” y posteriormente rebautizado como “Perfect Day Mahahual”, ejecutaba obras sin autorización de impacto ambiental, pese a los avales locales obtenidos para la reconfiguración urbana del área.
La procuradora federal Mariana Boy Tamborrell subrayó que ninguna obra con afectaciones ambientales puede avanzar sin autorización federal, y afirmó que la vigilancia sobre desarrollos en ecosistemas costeros continuará.
Mientras tanto, el procedimiento administrativo iniciado por la Profepa podría derivar en sanciones y en la obligación de restaurar los daños causados, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Para organizaciones ambientales, el episodio revela un patrón recurrente en Quintana Roo: gobiernos locales que facilitan el cambio de uso de suelo y la planeación urbana de megaproyectos turísticos, dejando en segundo plano la evaluación ambiental federal y trasladando los costos ecológicos al territorio.
En Mahahual, la intervención de los tribunales y de la autoridad ambiental federal frenó lo que el gobierno estatal no detuvo a tiempo.
