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Ciudad de México.— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, abrogando con ello la legislación vigente desde 1992. El dictamen, ratificado con una mayoría de 466 votos, busca modernizar el marco jurídico de la industria ante los cambios tecnológicos y fortalecer el acceso a la cultura como un derecho constitucional.
Puntos principales de la nueva regulación:
- Exhibición en salas: Se establece una cuota obligatoria del 10% del tiempo total de exhibición para obras nacionales en las salas de cine del país. Asimismo, se garantiza una permanencia mínima de 14 días para estas producciones.
- Plataformas digitales: La ley mandata a los servicios de streaming y contenidos bajo demanda a contar con secciones visibles y permanentes dedicadas exclusivamente a contenidos mexicanos.
- Incentivos y fomento: Se contemplan estímulos fiscales de hasta el 30% del costo de producción para incentivar la inversión, generar empleos y fortalecer las cadenas productivas del sector.
- Inclusión y accesibilidad: Las obras deberán contar con subtitulaje, adaptación y audiodescripción para garantizar el acceso a personas con discapacidad. Además, se prioriza el apoyo a creadores de comunidades indígenas y afromexicanas.
- Preservación del patrimonio: Se establece la obligación de entregar una copia de cada película mexicana para su resguardo y conservación en la Cineteca Nacional.
México con más pantallas
La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, señaló que la ley de 1992 resultaba obsoleta frente al entorno digital actual. Destacó que, aunque México es el cuarto país con más pantallas a nivel mundial, el cine nacional solo representa el 4% de la venta de boletos, lo que hace necesaria la intervención del Estado para garantizar condiciones equitativas de competencia.
Pese al consenso general, diversos grupos parlamentarios subrayaron la necesidad de asegurar que la progresividad de estos derechos esté acompañada de presupuesto suficiente en los próximos ejercicios fiscales para que la ley sea operativa y no se limite a una declaración de principios.
El dictamen fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales y posterior ratificación.
