Tabla de contenido
Morelos.- Autoridades estatales y federales asestaron un golpe a la estructura gubernamental de Temoac con la detención de dos altos funcionarios municipales: Marisol Romero Zamora, directora del DIF y viuda del recientemente asesinado alcalde Valentín Lavín Romero, y Geovany Emanuel González Morellano, director de la Policía Municipal.
Las capturas, ejecutadas en el marco de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, dejaron a ambos servidores públicos a disposición de un juez especializado por sus presuntos vínculos con investigaciones de extorsión y delincuencia organizada, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Morelos encabezada por Fernando Blumenkron Escobar.
Crisis en el Ayuntamiento y acusaciones de control absoluto
La aprehensión de los funcionarios se da en un contexto de paralización institucional en el municipio, cuyas actividades permanecen suspendidas tras el homicidio del alcalde Valentín Lavín ocurrido dentro de la presidencia municipal. Aunque la Fiscalía no precisó si la causa penal contra la viuda y el mando policial está ligada al crimen del edil, en la comunidad crecen los señalamientos sobre el manejo de la administración.
Habitantes de Amilcingo denunciaron que Romero Zamora ejercía una influencia determinante en la toma de decisiones del gobierno local, generando un clima de presión sobre el personal e impulsando irregularidades administrativas, como la destitución de la síndica municipal para nombrar a un reemplazo al margen de su origen por elección popular.
Un municipio bajo la lupa federal y reclamos de justicia
Temoac se encuentra bajo estricta vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con su titular, Omar García Harfuch, el fallecido alcalde era investigado por presuntos nexos con el crimen organizado en la región y por su eventual relación con los homicidios de la activista Sandra Rosa Camacho y del defensor comunitario Samir Flores Soberanes.
Este contexto reactivó las exigencias del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTyAMPT), colectivo que mantiene el reclamo de justicia por la muerte de Samir Flores y exige que las indagatorias abarquen a todos los autores materiales e intelectuales del crimen cometido en 2019.
