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Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desarticuló una célula delictiva dedicada a la extorsión de conductores de motocicletas por aplicación en la capital, a quienes exigían cuotas semanales de 700 pesos para permitirles trabajar, además de obligarlos a utilizar sus mochilas de reparto para distribuir dosis de droga.
En una serie de cateos coordinados en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, personal de la SSC y la Fiscalía capitalina detuvo a Oswaldo Carrillo, presunto cabecilla de la organización, junto a cuatro de sus principales operadores. Con estas aprehensiones, suman 10 los integrantes de este grupo criminal puestos a disposición de las autoridades tras una primera captura realizada el pasado 14 de agosto.
Cateos en la Morelos y la Pensil: así cayeron los líderes
Las investigaciones de gabinete y campo permitieron ubicar tres inmuebles utilizados como puntos de acopio y administración del grupo. El primer mandamiento judicial se ejecutó en un departamento de la calle Gorostiza, en la colonia Morelos (Cuauhtémoc), donde agentes de inteligencia capturaron a Oswaldo Carrillo en posesión de una bolsa de marihuana a granel y 182 dosis de cocaína.
De manera simultánea, las fuerzas de seguridad intervinieron una vivienda en la calle Lago Onega, colonia Modelo Pensil (Miguel Hidalgo). En el sitio fueron arrestados Amalia Lizbeth y Juan Carlos, a quienes se les incautó un paquete de metanfetamina (crystal), 103 dosis de cocaína, marihuana y equipos de comunicación empleados en la logística delictiva.
Caen los cobradores de la red en Iztapalapa
El tercer despliegue operativo tuvo lugar en la calle Cerrada Santa María, colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa. En este predio fueron detenidos Nancy y Enrique, de 41 años, identificados por las autoridades como los encargados de recibir las cuotas semanales producto de las extorsiones a los repartidores.
Durante esta última inspección, los uniformados aseguraron 168 dosis de cocaína, bolsas con marihuana, crystal y dos teléfonos celulares. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo integró los datos de prueba para definir la situación jurídica de los cinco detenidos y continuar con el desmantelamiento total de esta red.
