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Estado de México.- Una red familiar que operaba desde el Estado de México fue desarticulada luego de que autoridades detectaran un esquema de extorsión basado en la suplantación de funcionarios y figuras políticas.
El grupo habría utilizado sus contactos y conocimientos sobre la administración pública para acercarse a víctimas y obtener beneficios económicos.
Entre los detenidos están Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de Agustín Arturo “N”, quien presuntamente fungía como escolta. Las investigaciones los relacionan con distintos casos de suplantación de servidores públicos federales y estatales.
Se ganaban la confianza de las víctimas
El principal investigado había ocupado cargos públicos en distintos niveles de gobierno, entre ellos la Tesorería General y la Secretaría de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013. También cuenta con antecedentes por peculado y había sido inhabilitado en esa entidad.
Las autoridades ubicaron el centro de operaciones del grupo en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec. Desde ahí habrían utilizado una red de contactos construida durante años para conseguir teléfonos personales de políticos, funcionarios y empresarios.
El primer acercamiento solía hacerse mediante alguien que se presentaba como asistente de un personaje de alto nivel. Con ese pretexto buscaban confirmar datos, obtener nuevos números telefónicos y preparar el contacto con la persona cuya identidad pretendían suplantar.
Después llegaba la petición. Los integrantes de la organización podían solicitar dinero para supuestas operaciones políticas, acelerar pagos, conseguir empleos o favorecer la contratación de determinados servicios.
También recurrieron a inteligencia artificial
Para reforzar el engaño, utilizaban números telefónicos con fotografías, logotipos y nombres relacionados con instituciones públicas.
También recurrían a herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y fabricar conversaciones entre supuestos funcionarios.
Uno de los casos investigados involucró a una empresa dedicada a desarrollar tecnología para documentos de identidad de alta seguridad. El grupo habría intentado convencer a sus representantes de que recibirían un contrato, pero antes les exigieron una cantidad de dinero.
El dinero debía entregarse principalmente en efectivo debido a que Luis “N” estaba identificado en el sistema bancario por actividades delictivas anteriores. Para mover algunos recursos, presuntamente utilizaban una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija.
Parte de los recursos obtenidos habría terminado en propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya. El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por extorsión y quedaron bajo prisión preventiva justificada.
