Tabla de contenido
Mazatlán, Sinaloa.-En una intervención coordinada de las fuerzas de seguridad federales y estatales, un total de 28 personas —entre ellas dos mujeres— fueron detenidas en la localidad de El Roble, perteneciente al municipio de Mazatlán.
Durante los reconocimientos terrestres ejecutados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones locales, se logró el aseguramiento de un arsenal compuesto por 15 armas largas, 94 cargadores y cerca de 3 mil cartuchos, además de ocho chalecos tácticos dotados con 16 placas balísticas de protección militar.
El material incautado incluye 2,924 cartuchos calibre 7.62x39 mm —utilizados habitualmente en fusiles AK-47— y 40 proyectiles calibre .50 de alta potencia. Tanto los detenidos como las armas y el equipo de protección quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de abrir la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica del grupo.
Escalada de seguridad y refuerzo militar en el puerto
La operación en El Roble coincidió con la llegada de 1,700 elementos de la Secretaría de Marina desplegados para reforzar la vigilancia en las zonas urbanas y rurales de Mazatlán durante la temporada vacacional.
Este despliegue se suma al contingente de 900 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional enviado semanas antes tras un repunte de violencia en el municipio, consolidando un esquema de contención conjunta para frenar las actividades delictivas en el sur del estado.
Contexto del caso
Las acciones operativas en Mazatlán forman parte de los despliegues de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa para contener el incremento de la violencia derivado de la pugna interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Este conflicto armado se intensificó tras la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, desencadenando enfrentamientos, privaciones de la libertad y disputas territoriales que han llevado a las autoridades federales y estatales a concentrar fuerzas militares y policiales en comunidades rurales estratégicas de la entidad.