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México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra una funcionaria federal señalada de participar en una red dedicada a delincuencia organizada, narcotráfico, ordeña de combustibles y tráfico de armas, como parte de una investigación que busca detener a por lo menos 13 presuntos implicados.
De acuerdo con autoridades federales, la carpeta de investigación 928/2024 se integró después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) obtuviera indicios suficientes sobre la operación de un grupo que habría infiltrado a servidores públicos para facilitar actividades ilícitas. Las indagatorias—refieren fuentes consultadas—incluyen cruces de llamadas, análisis financieros y reportes de inteligencia militar.
Un juez federal emitió hace diez días las órdenes de captura contra toda la red; sin embargo, la FGR afirmó que, por razones legales y para no comprometer las diligencias, se mantiene en reserva la identidad de la mayoría de los investigados.
Caso Raúl “N”
En un comunicado, la Fiscalía hizo referencia explícita a la situación de Raúl “N”, personaje que ha sido objeto de “informaciones públicas diversas” en las últimas semanas. La institución precisó que el Ministerio Público Federal continúa recabando elementos “fundamentales” para robustecer la investigación y definir su situación jurídica.
Funcionarios federales señalaron que el expediente todavía se encuentra bajo reserva judicial, por lo que la FGR sólo podrá informar con detalle una vez que se ratifiquen los datos de prueba y se desahoguen las audiencias iniciales ante jueces de control.
Próximos pasos
La dependencia adelantó que, conforme avancen los operativos para cumplimentar las órdenes restantes y se desarrollen las comparecencias públicas, podrá difundir información “con precisión y sin afectar el debido proceso”.
Mientras tanto, autoridades de seguridad mantienen vigilancia en varios estados donde se presume que operaba la red, y no se descarta solicitar nuevas órdenes de cateo, así como medidas para proteger a posibles testigos colaboradores