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México.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la imputación, el exmandatario habría desviado más de 76 millones de pesos del erario estatal entre 2010 y 2016, disfrazándolos como apoyos para el sector ganadero y desviándolos finalmente hacia empresas de su propiedad y cuentas personales.
El caso, contenido en la causa penal 142/2024, detalla un sofisticado esquema que —de acuerdo con el Ministerio Público— incluía convenios y subsidios para la compra de ganado, maquinaria e insumos agropecuarios. Sin embargo, las empresas beneficiadas eran controladas por Duarte o su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y poco después de recibir los recursos, el dinero terminaba en cuentas de la familia o incluso se usaba para pagar la tarjeta American Express de Gómez Fong.
Duarte fue detenido el lunes en Chihuahua e ingresado esa misma noche al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde este martes fue presentado ante la jueza de distrito Jazmín Ambriz López. Su defensa intentó frenar la audiencia argumentando que contaba con un amparo que impedía la apertura de un nuevo proceso, pero la jueza concluyó que dicho recurso solo aplicaba a delitos del fuero común y no al ámbito federal.
La defensa también alegó que la extradición de Duarte desde Estados Unidos en 2020 únicamente contemplaba el delito de peculado, por lo que era inválida la apertura de una nueva causa penal. Sin embargo, el Ministerio Público reveló que la cancillería mexicana solicitó al gobierno estadounidense autorización expresa para procesarlo nuevamente, permiso que Washington otorgó el pasado 2 de diciembre, lo que permitió ejecutar la nueva orden de aprehensión.
El entramado empresarial familiar
De acuerdo con la imputación, Duarte canalizó recursos públicos hacia cuatro empresas:
- Unión Ganadera Regional División del Norte
- Financiera División del Norte
- Pavimentos y Servicios El Parral
- Hidroponia El Parral
Las dos primeras estaban encabezadas por Duarte como accionista mayoritario y presidente del consejo de administración; las otras dos eran controladas por su esposa. En todos los casos, los recursos públicos fueron transferidos bajo la apariencia de apoyos al sector ganadero, pero nunca se utilizaron para esos fines.
El esquema habría contado con la ayuda de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda estatal y tesorero de las empresas de Duarte.
La FGR presentó dictámenes contables, auditorías de la propia Auditoría Superior de Chihuahua, declaraciones fiscales y patrimoniales, así como registros bancarios que documentan múltiples transferencias trianguladas hacia las cuentas del exgobernador y su familia.
Un proceso que se perfila largo
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público seguía presentando más de un centenar de pruebas, mientras la defensa anticipó que solicitará duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para definir la situación jurídica de Duarte.
Se espera un intenso debate sobre las medidas cautelares. La FGR solicita prisión preventiva justificada, mientras la defensa pedirá que el exgobernador lleve el proceso en libertad bajo caución, argumentando que no existe riesgo de fuga y que Duarte ya portaba un brazalete electrónico por su proceso paralelo por peculado en Chihuahua.
Con esta nueva acusación, el caso Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate nacional: un exmandatario acusado de tejer su propio negocio con dinero público, de operar empresas familiares beneficiadas desde el poder y de mover millones con total impunidad… hasta ahora.
