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Con el objetivo de visibilizar y sancionar el reclutamiento forzado de personas, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La propuesta contempla establecer este acto como un delito autónomo, con agravantes específicas y penas diferenciadas según la condición de las víctimas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación. Entre los cambios propuestos se encuentra la creación de un nuevo capítulo denominado “Reclutamiento forzado” dentro del Código Penal Federal. Este concepto se define como la acción de incorporar, obligar o inducir, por cualquier medio, a menores de edad u otras personas en situación de vulnerabilidad a formar parte de grupos armados, organizaciones criminales o redes de trata.
Se plantea una pena de entre 10 y 20 años de prisión para quien incurra en este delito. La sanción se incrementaría hasta en una mitad cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas, migrantes, afrodescendientes o integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Además, se prevén agravantes si el autor del delito pertenece o ha pertenecido a instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o a las Fuerzas Armadas, o si se ostenta como tal sin serlo. También se contemplan como circunstancias agravantes los vínculos de parentesco o relación con la víctima, así como la comisión de actos de tortura, violencia sexual o lesiones durante el proceso de sujeción.
La propuesta también modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incorporar el reclutamiento forzado como una conducta susceptible de ser perseguida mediante esquemas especiales de investigación y sanción. Asimismo, reconoce el reclutamiento forzado como causal de exclusión de responsabilidad penal para víctimas que hayan sido obligadas a cometer delitos bajo coacción.
Durante la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que este fenómeno no está tipificado de forma autónoma en la legislación penal federal, lo que limita su prevención, investigación y sanción. Señaló que la actual normativa carece de mecanismos específicos para abordar los casos en los que se involucran menores de edad, mujeres o personas en contextos de alta vulnerabilidad.
Citando un estudio de la organización Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia en México, el legislador indicó que al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes habrían sido reclutados por grupos criminales en la última década. Añadió que estos casos suelen quedar invisibilizados debido a la falta de claridad legal y al estigma que acompaña a la participación forzada de menores en actividades delictivas.
La iniciativa busca cubrir ese vacío normativo mediante la tipificación del delito y el establecimiento de penas proporcionales, en respuesta a la complejidad y gravedad del fenómeno.
