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Cd. de México.— La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas de 13 casinos en ocho estados del país, tras detectar operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero y movimientos financieros hacia el extranjero.
Las medidas incluyen el bloqueo financiero de los establecimientos y la suspensión inmediata de actividades ordenada por la Secretaría de Gobernación. Según la dependencia, las acciones buscan impedir que estos espacios sean utilizados por organizaciones criminales para mover recursos ilícitos.
Operaciones millonarias y transferencias al extranjero
De acuerdo con Hacienda, los casinos realizaban movimientos en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, algunos a través de plataformas digitales no reguladas.
La investigación, realizada durante varios meses en coordinación con el Gabinete de Seguridad, reveló que los establecimientos utilizaban a personas físicas con bajo perfil económico —amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados— para canalizar grandes cantidades de dinero a los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias en juegos de azar.
“Por su alto riesgo financiero fueron bloqueados para evitar que sean usados por el crimen organizado”, señaló la Secretaría en un comunicado.
Denuncias ante la FGR
La UIF informó que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y posibles delitos fiscales.
Asimismo, la Procuraduría Fiscal de la Federación dará seguimiento a las operaciones detectadas. Gobernación confirmó que la suspensión de los establecimientos se realizó “de manera inmediata”, con el propósito de “proteger a los usuarios no vinculados con acciones delictivas”.
Los casinos señalados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
TV Azteca, entre las empresas investigadas
El Grupo Salinas confirmó que entre los establecimientos señalados por Hacienda se encuentran Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, filiales de TV Azteca, las cuales forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero.
El consorcio aseguró que ambas compañías “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativos aplicables” y que colaborarán con las autoridades.
“Confiamos plenamente en la legalidad de nuestras operaciones y en que la autoridad aclarará cualquier duda”, indicó el grupo empresarial en un comunicado.
Acusan acoso y señalan a la Procuradora Fiscal
Aunque la investigación abarca a 13 establecimientos, Grupo Salinas consideró la medida como un “acto autoritario e infundado” y la atribuyó a Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
El corporativo sostuvo que la medida representa una forma de acoso empresarial, pese a que la UIF —no la Procuraduría— encabeza la investigación y será la responsable de turnar el caso a la FGR.
Permisos heredados del sexenio anterior
Las empresas de TV Azteca involucradas operan con permisos otorgados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por hasta 25 años.
Ganador Azteca también figura en la demanda que acreedores de la televisora promovieron ante la Corte Suprema de Nueva York, en el contexto del proceso financiero internacional del grupo.
Supervisión en curso
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las autoridades revisan la operación de casinos desde tres frentes: el financiero, el de seguridad y el regulatorio.
“Se están revisando los casinos, desde la perspectiva de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF; también desde la perspectiva de seguridad y del cumplimiento de la ley”, afirmó.
Sospechas de red internacional
Fuentes federales consultadas señalaron que la UIF indaga si algunos de los flujos financieros detectados en los casinos están vinculados con redes de lavado transnacional que operan en Europa del Este y utilizan criptoactivos y pasarelas no supervisadas para dispersar los recursos.
Las autoridades adelantaron que las investigaciones continuarán y que no se descarta ampliar el número de establecimientos bloqueados.
