Table of Contents
Ciudad de México.— La senadora Beatriz Mojica Morga hizo un llamado al Tribunal Superior Agrario (TSA) para restablecer de forma permanente la sede del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 51 en Iguala, Guerrero, con el fin de asegurar el acceso efectivo a la justicia para ejidatarios y comuneros de la región.
Durante la sesión ordinaria del Senado de la República, la legisladora recordó que el pasado 8 de octubre presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al TSA a revertir el acuerdo que determinó la conclusión de funciones del TUA en Iguala el 31 de enero de 2025.
Mojica Morga advirtió que la desaparición de este tribunal ha afectado directamente a comunidades rurales de la Zona Norte y Tierra Caliente, que ahora deben trasladarse hasta Chilpancingo para atender sus asuntos agrarios, lo que implica mayores costos económicos, riesgos de seguridad y tiempos de traslado.
“Es nuestro deber, como representantes del pueblo, velar porque la justicia llegue a quienes más la necesitan y que la ley no se convierta en un obstáculo geográfico o económico”, señaló la senadora desde la tribuna.
La integrante del Grupo Parlamentario de Morena destacó que Guerrero es un estado eminentemente agrario, donde el 71 por ciento del territorio es propiedad ejidal, por lo que la cercanía de las instituciones encargadas de impartir justicia en materia rural resulta fundamental para garantizar derechos y atender conflictos de tenencia de la tierra.
Mojica explicó que el exhorto busca que el Tribunal Superior Agrario reconsidere la medida y restablezca plenamente las operaciones del TUA en Iguala, a fin de facilitar la atención de los casos y evitar el rezago en la resolución de controversias.
La senadora concluyó reiterando su solicitud al TSA para valorar la reinstalación permanente del Tribunal Agrario en Iguala, al considerarlo un punto estratégico para el desarrollo rural y la paz social en Guerrero.
“Garantizar el acceso a la justicia agraria no sólo es un mandato legal, sino una obligación moral con las comunidades que sostienen la producción y la vida en el campo”, puntualizó.
