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Chilpancingo, Guerrero.— El Ayuntamiento de Chilpancingo acusó este jueves al Gobierno del Estado de responder sin capacidad de decisión a la exigencia municipal de reforzar la seguridad ante el incremento de amenazas, extorsiones y riesgos en diversas colonias y comunidades.
En un comunicado, el gobierno encabezado por el alcalde Gustavo Alarcón afirmó que la seguridad “no se resuelve con boletines ni declaraciones que evaden responsabilidades”, y cuestionó que la reunión de la Mesa Regional de Seguridad estuviera representada por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, a quien señaló como un funcionario sin facultades para ordenar acciones inmediatas.
Según el Ayuntamiento, el presidente municipal acudió personalmente a la sesión regional para solicitar medidas urgentes, en medio de lo que describió como uno de los momentos más complejos para la capital en los últimos años. “Mientras la ciudadanía vive amenazas, extorsiones, miedo y riesgo real, no es aceptable reducir un problema tan grave a una discusión administrativa sobre oficios”, sostuvo el comunicado. Agregó que el municipio ha acudido a todas las reuniones a las que ha sido convocado y que mantiene presencia permanente mediante operativos locales y trabajo territorial.
El gobierno municipal insistió en que ningún ayuntamiento puede enfrentar solo a grupos armados con mayor capacidad operativa y advirtió que la situación adquiere especial relevancia ante la cercanía del Paseo del Pendón y de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, consideradas las festividades más importantes de Guerrero. “La paz del estado pasa por Chilpancingo. Si Chilpancingo no está seguro, tampoco lo estará Guerrero”, señaló el Ayuntamiento al exigir coordinación decisiva por parte del gobierno estatal.
El posicionamiento se difundió horas después de que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz afirmara que no existe una solicitud formal del alcalde para reforzar el despliegue de seguridad. El Ayuntamiento respondió que la urgencia de la situación no puede limitarse a trámites administrativos y que continuará exigiendo acciones concretas para proteger a la población.
