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Ayuntamiento de Acapulco analiza acción legal contra la Auditoría del Estado tras fallo de la SCJN

El Ayuntamiento afirmó que evaluará acciones legales por una posible extralimitación de funciones de la ASE

Acapulco analiza demandar a la Auditoría Estatal tras fallo de la Suprema Corte

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Acapulco, Guerrero.— El Gobierno de Acapulco informó que analiza presentar un recurso legal contra la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ese órgano revisó recursos federales cuya fiscalización corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La decisión se deriva de la resolución de la Controversia Constitucional 174/2025, promovida por el Ayuntamiento, en la que la SCJN declaró fundado el planteamiento del gobierno municipal sobre la revisión de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

SCJN invalida auditoría sobre recursos federales del FAISMUN

De acuerdo con el Ayuntamiento, el máximo tribunal resolvió que la Auditoría Superior del Estado ejerció atribuciones que corresponden únicamente a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que declaró inválidos actos relacionados con ese proceso de fiscalización.

Entre ellos se encuentran el Informe Individual de Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco, identificado con la auditoría 2023-C-CIF-01-002-2024, así como el oficio ASE-1380-2025 mediante el cual se notificó ese informe y se solicitó información sobre recursos federales.

Ayuntamiento revisa posibles acciones legales contra la ASE

Tras la resolución de la Suprema Corte, el Gobierno de Acapulco informó que estudia acudir a la vía legal al considerar que la Auditoría Superior del Estado incurrió en un ejercicio indebido de funciones durante el proceso de revisión.

La administración municipal señaló que continuará actuando bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y legalidad, al tiempo que defenderá el marco constitucional que establece las facultades de las autoridades encargadas de fiscalizar los recursos públicos.

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