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Ciudad de México.- A más de una década de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, el gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta por una carta internacional para intentar destrabar el caso: la intervención de las Naciones Unidas.
La mandataria informó que ha solicitado formalmente al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una propuesta de expertos que colaboren en las indagaciones. El objetivo es dar "mayor certeza" al esquema de trabajo encabezado por el nuevo fiscal especializado, Mauricio Pazarán, cuya llegada a la Unidad de la FGR ha marcado un cambio de timón en las pesquisas.
El giro tecnológico y la pista de la funeraria
Según la Presidenta, la gestión de Pazarán ha implementado métodos de investigación que no se habían agotado previamente. Entre los avances destacan:
- Análisis de geolocalización: Se realiza una valoración intensiva de las llamadas telefónicas de la noche de la desaparición y los días posteriores, un material que, según Sheinbaum, no había sido analizado con suficiente rigor por la administración anterior.
- Capturas importantes: A partir de este nuevo esquema, se logró la detención de los propietarios de una funeraria que operaba de manera irregular. Esta línea de investigación ya había sido asomada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero en su momento fue desechada por falta de indicios claros.
El muro de la desconfianza: Los padres y el Ejército
A pesar del anuncio de apertura internacional, el camino hacia la verdad enfrenta obstáculos internos críticos. Sheinbaum reconoció que los padres de los normalistas no han recibido de buena gana la propuesta de incorporar a la ONU.
"No están muy abiertos a esta determinación", admitió la mandataria, señalando que la Secretaría de Gobernación mantiene las mesas de diálogo para intentar convencer a las familias de las bondades del nuevo esquema.
Para los padres, cualquier cambio en la metodología es visto con sospecha, especialmente cuando persiste la tensión sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Al respecto, la Presidenta reiteró la postura oficial: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha ratificado que ya entregó la totalidad de los archivos en su poder, cerrando nuevamente la puerta a la exigencia de más documentación militar.
El conflicto en el Poder Judicial
Finalmente, Sheinbaum criticó los procesos legales que permitieron la liberación de sospechosos bajo el argumento de tortura. Si bien reconoció que hubo casos reales de maltrato, señaló que otros detenidos que pudieron tener información valiosa fueron puestos en libertad sin haber sufrido tortura necesariamente. Este complejo proceso legal se encuentra actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia.
