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A casi 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa señaló que el Estado mexicano sigue sin ofrecer verdad ni justicia en el caso, y exigió investigar a fondo los presuntos vínculos del empresario Pedro Segura Valladares con grupos criminales y autoridades relacionadas con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
En un pronunciamiento difundido este sábado, los estudiantes recordaron que la llamada “verdad histórica” presentada en 2015 quedó desacreditada tras las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y acusaron que desde entonces el caso ha sido objeto de ocultamientos y omisiones.
Respecto a la detención de Segura Valladares, realizada por la Fiscalía General de la República el pasado 13 de agosto en Tepecoacuilco, señalaron que existen testimonios de testigos protegidos que lo relacionan con el grupo delictivo Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes, así como con autoridades en funciones durante ese periodo.
La Normal Rural planteó cuatro exigencias: el esclarecimiento total del caso con investigaciones profundas e imparciales; la reanudación del trabajo del GIEI; transparencia absoluta en el acceso a expedientes, pruebas y documentos oficiales; y la presentación con vida de los 43 estudiantes.
El comunicado difundido por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México subraya que la detención de Segura podría ser clave para ampliar líneas de investigación sobre lo que definen como un “crimen de Estado”. Consideraron indispensable revisar los testimonios que lo señalan por brindar apoyo logístico a grupos delictivos y por supuestamente haber facilitado inmuebles para ocultar a estudiantes.
La institución insistió en que la falta de sanción a los responsables materiales e intelectuales ha prolongado la impunidad en el caso, mientras las familias de los normalistas siguen sin obtener respuestas claras.
En paralelo, documentos judiciales señalan que Segura Valladares, empresario y excandidato a gobernador en 2021 por la alianza PT-PVEM, enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de señalamientos en narcomensajes difundidos en Iguala en 2024. Tras su captura, fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.
