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Con 18 votos a favor y 4 en contra, las comisiones de Estudios Legislativos y Seguridad Pública del Senado aprobaron el dictamen que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual fue turnado a la Mesa Directiva para su debate en periodo extraordinario de sesiones.
La propuesta busca establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana basado en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica, además de fortalecer la coordinación entre Federación, estados y municipios a través de órganos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo.
El dictamen también contempla la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que permitirá interconectar sistemas de inteligencia federales, estatales, municipales y del sector privado para recabar, sistematizar y analizar datos criminalísticos.
La iniciativa ha generado críticas de legisladores de oposición. La senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) advirtió que se invade la privacidad de los ciudadanos y se otorgan amplias facultades a las autoridades para acceder a información patrimonial, fiscal, financiera, registral y de comunicaciones sin control judicial. El senador Gustavo Sánchez (PAN) señaló que la fracción tercera del artículo 12 permitiría este acceso sin orden judicial, incluyendo datos biométricos, vehiculares y de salud, lo que equivaldría a instaurar un sistema de vigilancia masiva.
Miguel Riquelme, senador del PRI, calificó el proyecto como un paso hacia la creación de un “Estado fisgón” y acusó al oficialismo de buscar consolidar “una dictadura perfecta” disfrazada de modernización.
En respuesta, el senador Manuel Huerta (Morena) defendió que la nueva ley pretende acabar con el “Estado espía” para construir un “Estado protector” que combata de manera más eficaz a los grupos criminales. Señaló que actualmente sólo 13 de las 32 entidades federativas cuentan con sistemas de inteligencia policial funcionales, con una cobertura promedio del 34% de su población objetivo, lo que genera zonas ciegas frente al crimen organizado. Además, destacó que el 63% de las investigaciones por delitos de alto impacto carecen de respaldo de inteligencia previa, lo que incrementa la impunidad.
El dictamen plantea convertir los esfuerzos dispersos en una estrategia nacional con diagnósticos comunes, recursos compartidos y metas claras, buscando modernizar el sistema de seguridad pública con respeto a los derechos humanos. Ahora, corresponderá al pleno del Senado analizar y votar el proyecto en los próximos días.
