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Ciudad de México.- La mayoría legislativa de Morena y sus aliados en el Senado de la República consumó, en un proceso acelerado de menos de tres horas, la aprobación final de la reforma a la Ley de Amparo, remitiendo la minuta al Ejecutivo Federal para su publicación. Este paso pone fin a un trayecto legislativo marcado por la controversia, donde se introdujeron modificaciones cruciales en materia de suspensión e interés legítimo, además de reabrir el debate sobre la retroactividad.
Aplanadora legislativa desestima advertencias
La votación final, con 81 a favor, 37 en contra y ninguna abstención, refleja el dominio de Morena, que hizo valer su mayoría para avalar el texto proveniente de la Cámara de Diputados sin mayor discusión. La rapidez del proceso fue justificada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, como un tema de "urgente resolución", argumentando que los cambios de Diputados eran "únicamente" sobre dos artículos y tres transitorios y, por lo tanto, no sustanciales.
La postura de la oposición, sin embargo, fue tajante. La senadora Verónica Rodríguez Hernández (PAN), criticó que la reforma desvirtúa la esencia del amparo, diseñado para "defender a la persona frente al poder, no para debilitarla." Condenó que el bloque oficialista ignoró las advertencias de especialistas y sostuvo que el dictamen "viola los derechos fundamentales," priorizando abiertamente la recaudación y los intereses del Estado por encima de la protección individual, al permitir la retroactividad.
El punto ciego de la retroactividad
El foco de la crítica se concentró en la adición de un artículo transitorio que dicta que las etapas procesales ya concluidas en juicios de amparo se regirán por la ley anterior, pero que las actuaciones futuras se sujetarán al nuevo decreto. Este punto fue señalado por críticos como la puerta a la retroactividad de la ley, afectando juicios en curso.
En contraste, el morenista Javier Corral Jurado rechazó la acusación, argumentando que la redacción se sostiene en criterios jurisprudenciales y que solo busca "mayor certidumbre jurídica." Por su parte, Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) defendió las modificaciones, señalando que la reforma ofrece una "definición clara del interés legítimo," combatiendo lo que él describió como "un abuso de esta figura."
Con la aprobación en el Senado, el proceso legislativo ha concluido, y la reforma, severamente cuestionada por debilitar el instrumento de defensa judicial más importante en México, está lista para su promulgación.
