Tabla de contenido
Ciudad de México.— Al menos 13 mexicanos han muerto en los ataques con misiles que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado contra presuntas "narcolanchas" en aguas internacionales, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Los Angeles Times.
El reportaje señala que los bombardeos comenzaron en septiembre de 2025 como parte de la estrategia del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga y que, hasta ahora, se desconocía que entre las víctimas hubiera ciudadanos mexicanos.
Investigación vincula desaparición de pescadores mexicanos con bombardeos de EU
Entre los casos documentados están ocho hombres que zarparon desde Punta Pérula, Jalisco, en febrero de este año y nunca regresaron. Su desaparición coincidió con el anuncio del Comando Sur de Estados Unidos, que informó haber destruido dos embarcaciones y abatido a ocho supuestos "narcoterroristas".
Según el diario estadounidense, habitantes de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, aseguraron que era conocido que algunos de los pescadores obtenían ingresos adicionales abasteciendo de combustible a embarcaciones utilizadas para transportar cocaína. Además de estos ocho casos, la investigación identifica al menos otros cinco mexicanos fallecidos en ataques similares ocurridos en distintas zonas de América Latina.
Operativos de Trump acumulan más de 220 muertos y generan críticas internacionales
Los Angeles Times señala que, desde el inicio de los bombardeos, las fuerzas estadounidenses han realizado 64 ataques en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, operaciones que habrían dejado al menos 221 personas muertas, de distintas nacionalidades.
La investigación también destaca que Estados Unidos no ha revelado la ubicación exacta de los ataques, ni ha informado qué ocurrió con los sobrevivientes de esas operaciones. Por su parte, la Armada de México indicó al diario que únicamente puede confirmar que no se han registrado ataques dentro de la Zona Económica Exclusiva mexicana.
Los bombardeos han sido cuestionados por la ONU y especialistas en derechos humanos, quienes consideran que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y han pedido al gobierno estadounidense suspender este tipo de operaciones mientras se revisa su legalidad.
