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Chilpancingo, Guerrero.— Adrián Ponce González, uno de los habitantes desplazados por la violencia que regresaron recientemente a la comunidad de El Terrero, municipio de Juan R. Escudero, fue herido a balazos la mañana de este viernes por hombres armados que viajaban en una motocicleta.
De acuerdo con familiares y habitantes, la agresión ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cerca del centro del poblado. La víctima recibió varios disparos y se reportó grave, por lo que sus familiares solicitaron la intervención de las autoridades para trasladarlo y brindarle atención médica.
Los denunciantes señalaron que el ataque ocurrió pese a que desde hace aproximadamente dos semanas hay un destacamento militar en la comunidad.
Pobladores denuncian que continúan las agresiones
Habitantes de la zona cuestionaron que los despliegues militares en El Terrero y Tlayolapa no hayan impedido nuevas agresiones y amenazas contra la población.
En un pronunciamiento, señalaron a Moisés Loaeza Ojendis, Víctor Loaeza Abarca y Víctor Navarrete Flores como presuntos integrantes de Los Ardillos y exigieron que las autoridades ejecuten las órdenes de aprehensión que, aseguran, existen en su contra.
También pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para instalar una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) permanente en El Terrero.
Ataques se intensificaron tras el regreso de familias desplazadas
El pasado 19 de octubre, habitantes de El Terrero denunciaron un ataque armado y el lanzamiento de explosivos mediante drones, que dejó seis viviendas dañadas.
Las agresiones se intensificaron después de que, durante los primeros días de octubre, al menos 60 personas regresaran a la comunidad, de un total de más de 150 que habían sido desplazadas desde 2023 por la violencia.
Los pobladores también exigieron la detención de Benito Sánchez Millán, alias “El Oso”, y Celso Ortega Jiménez, a quienes señalaron como presuntos responsables de la violencia en la región.
Advirtieron que el retorno de las familias no puede garantizarse sin medidas de seguridad permanentes que protejan a niñas, niños, mujeres y adultos mayores.
