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Chilpancingo, Guerrero.— La Auditoría Superior del Estado (ASE) revisará, durante 2027, el ejercicio del presupuesto de 2026 del Congreso de Guerrero, por denuncia por el presunto cobro irregular de al menos 49 cheques, informó el titular del organismo, Marcos César Paris Peralta.
Entrevistado al concluir la entrega-recepción de informes de fiscalización en la sede legislativa, sobre el caso, el auditor explicó ese órgano tiene facultades legales para fiscalizar las cuentas públicas y que la revisión correspondiente se efectuará conforme a los plazos establecidos en la ley.
“La Auditoría Superior del Estado tiene facultades en la ley para auditar la cuenta pública. Nosotros revisaremos ese tema que surgió en este año”, expresó.
Fiscalización del presupuesto se realizará el próximo año
Paris Peralta precisó que la fiscalización abarcará lo relacionado con el ejercicio presupuestal desde el primero de enero de 2026 y se llevará a cabo en 2027, una vez concluido el año fiscal.
“Revisaremos en el 2027 todo esto que está dándose. Por lo pronto, es un tema que está dándose con los diputados que hicieron una denuncia a la Fiscalía General del Estado y ahí es su ámbito de competencia”, indicó
El funcionario aclaró que, por ahora, las denuncias penales deben seguir su curso ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que las actuaciones administrativas en el Congreso local corresponden al Órgano Interno de Control.
La intervención de la ASE se realizará mediante la fiscalización de la cuenta pública, de acuerdo con sus atribuciones legales.
Denuncian presuntas firmas apócrifas y cobros irregulares
El caso se hizo público luego de que se denunciara el presunto cobro de al menos 49 cheques con firmas apócrifas a nombre de la diputada morenista Guadalupe García Villalva, correspondientes al periodo de enero a junio de 2026. Por estos hechos también se presentó una denuncia penal de la legisladora Catalina Apolinar Santiago, según los antecedentes del caso.
En el marco de las investigaciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, informó previamente sobre la separación de sus cargos de varios funcionarios señalados en la denuncia, medida que no implica por sí misma que exista responsabilidad penal acreditada.
Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, advirtió que el partido dará seguimiento al caso y no descartó sanciones internas, incluida la expulsión de legisladores, si se acreditan responsabilidades.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena recibió una denuncia relacionada con los hechos, de acuerdo con las declaraciones del dirigente.
