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Chilpancingo, Gro.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) emitió un comunicado público para precisar declaraciones realizadas por la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, en torno a una supuesta “carta de liberación” otorgada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sin embargo, el pronunciamiento ha generado cuestionamientos, ya que la ASE carece de facultades legales para interpretar, desmentir o calificar actos administrativos emitidos por un órgano fiscalizador federal.
En su comunicado, la ASE sostiene que el documento referido por la alcaldesa no constituye una carta de liberación, sino un “pronunciamiento de solicitud de aclaración” relacionado con el Ramo 28 de Participaciones Federales del ejercicio fiscal 2023, materia que corresponde exclusivamente a la ASF. No obstante, especialistas en fiscalización y derecho administrativo señalan que solo la propia ASF está legalmente facultada para precisar el alcance, efectos y estatus jurídico de sus observaciones y pronunciamientos.
La ASE argumenta que su intervención se justifica por un Convenio de Colaboración firmado con la ASF el 30 de abril de 2024, a partir del cual inició la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), correspondiente al Ramo 33. Sin embargo, dicho convenio no le otorga atribuciones para emitir criterios sobre revisiones federales ni para desmentir públicamente declaraciones relacionadas con procedimientos que no se encuentran bajo su competencia directa.
Asimismo, el propio comunicado reconoce que los recursos y procedimientos que revisa la ASE son “conceptos totalmente diferentes” a los señalados por la presidenta municipal, lo que refuerza la percepción de que el órgano estatal excede su ámbito de actuación al pronunciarse sobre un tema que se encuentra bajo revisión federal y, además, sujeto a una controversia constitucional en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Analistas advierten que este tipo de posicionamientos públicos puede vulnerar el principio de competencia entre órganos fiscalizadores y generar confusión en la opinión pública, al mezclar procedimientos distintos y niveles de fiscalización que la ley mantiene claramente separados.
En respuesta, el Ayuntamiento de Acapulco sostuvo que ha atendido todas las solicitudes de información en tiempo y forma, y afirmó que no existe observación pendiente que implique faltantes o irregularidades en el manejo de los recursos federales del ejercicio 2023.
La administración municipal recordó que, de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal, la ASF es la autoridad competente para fiscalizar recursos federales, y aseguró que dicha instancia ya revisó el ejercicio de los fondos sin emitir observaciones en contra del municipio.
El gobierno local afirmó que respeta el trabajo de las instituciones y confía en que cada órgano actúe dentro del ámbito de sus atribuciones, al tiempo que reiteró su disposición a cumplir con los procesos de rendición de cuentas conforme al marco legal.
La confrontación entre la Auditoría Superior del Estado y el Ayuntamiento de Acapulco no es un hecho aislado ni meramente administrativo: se inscribe en una disputa jurídica de fondo sobre las competencias de fiscalización entre instancias estatales y federales, cuyo desenlace dependerá de la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el conflicto también se mueve en el terreno político, en el marco de la sucesión gubernamental de 2027, donde la alcaldesa de Acapulco no solo es un actor central del escenario local, sino una figura con aspiraciones claras de proyección política, lo que convierte cada posicionamiento institucional en una pieza más del ajedrez de poder en Guerrero.
Hasta el momento, la Auditoría Superior de la Federación no ha emitido un pronunciamiento público para confirmar o desmentir la interpretación difundida por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero sobre el caso de la alcaldesa de Acapulco.
