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Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en segunda lectura la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que contempla la excarcelación de personas procesadas por hechos ocurridos desde 1999.
El proyecto recibió el respaldo unánime del Parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, quien celebró lo que calificó como un gesto de “convivencia” y disposición al entendimiento político.
La votación se produjo tras aplazarse una sesión previa por diferencias en torno a un artículo que exige a los beneficiarios “ponerse a derecho”, es decir, comparecer ante las autoridades. El texto final mantiene esta condición, aunque permite que quienes se encuentren en el exilio puedan gestionar el trámite mediante un abogado de su confianza. Además, establece que no podrán ser detenidos mientras dure el proceso de solicitud.
Hechos incluidos y exclusiones
La ley aplica a casos vinculados con 13 episodios políticos específicos, entre ellos el intento de golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio de 2004 y protestas antigubernamentales registradas en distintos años, incluido 2024.
Quedan fuera de la amnistía delitos como corrupción, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional y narcotráfico.
El texto también contempla la creación de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la norma, que ya fue remitida al Ejecutivo para su promulgación y publicación oficial.
Reacciones y cuestionamientos
Durante el debate, Jorge Rodríguez reconoció que la ley contra el odio —que prevé penas de hasta 20 años de prisión— tuvo “situaciones de mala utilización” y adelantó que su alcance está siendo revisado.
Desde la sociedad civil, la ONG Foro Penal sostuvo que, aunque toda excarcelación debe verse con optimismo, la nueva ley resulta “restrictiva” y no resuelve la situación de todas las personas consideradas presos políticos. Su presidente, Alfredo Romero, recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y alertó sobre exclusiones dentro del texto.
En paralelo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, suspendieron una huelga de hambre iniciada días atrás, tras denunciar desgaste físico y falta de respuestas oficiales.
La iniciativa fue anunciada a finales de enero por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones ejecutivas tras la captura en 2026 del presidente Nicolás Maduro en una operación encabezada por Estados Unidos.
Con su aprobación, el oficialismo presenta la amnistía como un paso hacia la distensión política; organizaciones de derechos humanos, en cambio, advierten que el verdadero impacto dependerá de su aplicación y de cuántos casos queden realmente cubiertos por el nuevo marco legal.
