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El Congreso del Estado de Guerrero ha aprobado una nueva Ley Registral, propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que busca modernizar el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, fortaleciendo la seguridad jurídica y fomentando la inversión en el sector inmobiliario. La ley introduce mejoras significativas en la eficiencia del registro de actos jurídicos mediante la digitalización de trámites y documentos, lo cual se espera que reduzca la burocracia y agilice los procesos.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Jesús Parra García, esta reforma legislativa está diseñada para incrementar la confianza en las transacciones inmobiliarias, mejorar la recaudación de impuestos y luchar contra la informalidad. La iniciativa incluye medidas para simplificar y hacer más accesibles los servicios del registro a través de la implementación de tecnologías avanzadas y la eliminación de trámites innecesarios.
Una característica destacada de la nueva ley es la adopción de un sistema completamente electrónico para la calificación e inscripción de documentos, lo que permite a los usuarios acceder a información actualizada sobre la situación jurídica de bienes inmuebles y entidades comerciales sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del registro. Este cambio también tiene como objetivo proteger los documentos contra deterioro físico y pérdida debido a desastres naturales o el paso del tiempo.
Adicionalmente, la ley busca reducir la posibilidad de corrupción al disminuir la manipulación manual de la información y la discrecionalidad en el manejo de los trámites. Estas reformas no solo buscan mejorar la administración de recursos técnicos y financieros, sino también impactar positivamente en la economía de Guerrero y la vida de sus ciudadanos, al reducir los costos asociados con la impartición de justicia y la resolución de conflictos.
El dictamen señala que estas modificaciones eran necesarias debido al considerable rezago en el que se encontraba el Registro Público de la Propiedad, afectando la seguridad jurídica, la eficiencia del sistema registral y, por ende, el desarrollo económico del estado.
