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Aprueba Congreso de Guerrero reformas para derechos de servidores públicos

Chilpancingo, 8 de febrero de 2024.- El Congreso del Estado de Guerrero, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad dos dictámenes de iniciativas presentadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, destinadas a reforzar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos. La diputada

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  • Las nuevas reformas incluyen ampliación de licencias de paternidad y garantías de seguridad social

Chilpancingo, 8 de febrero de 2024.- El Congreso del Estado de Guerrero, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad dos dictámenes de iniciativas presentadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, destinadas a reforzar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos.

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, calificó este hecho como «un día histórico para Guerrero«, destacando la consolidación de un acto de justicia social para la base trabajadora.

Entre las reformas y adiciones aprobadas, se destaca la extensión de las licencias de paternidad de 10 a 30 días, promoviendo una mayor equidad en la distribución de responsabilidades familiares.

Calixto Jiménez resaltó este avance como un reflejo de la congruencia entre el gobierno de la primera mujer gobernadora de Guerrero y el primer Congreso paritario del estado, aplaudiendo la unión de todas las fracciones parlamentarias en torno a la medida.

Asimismo, se aprobó una reforma a la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, con el propósito de asegurar que las prestaciones de seguridad social sean entregadas a tiempo a los trabajadores y que sus derechos no sean condicionados por la falta de recursos económicos.

Este cambio propone que, ante el incumplimiento en la entrega de cuotas y aportaciones por parte de los ayuntamientos, las participaciones federales de los municipios sirvan como garantía de pago para cumplir con estas obligaciones.

Calixto Jiménez subrayó que estas iniciativas fueron sometidas a un riguroso análisis jurídico y se demostró su viabilidad, asegurando que son propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del estado y sus familias.

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