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Ciudad de México.-La FGR asestó un golpe a la red heredada por Genaro García Luna al capturar a Antonio Molina Díaz, acusado de delincuencia organizada y peculado por contratos inflados en cárceles federales. El arresto saca a la luz el oscuro historial de un personaje que saltó del calderonismo a las oficinas migratorias del actual régimen, donde ya estaba procesado por el incendio fatal de la estación del INM.
La captura de Antonio Molina Díaz en las calles de la Ciudad de México no es solo el arresto de un prófugo más; es el colapso de un puente que unía el pasado más oscuro de la seguridad pública en México con las negligencias del presente. Elementos federales lo detuvieron en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, portando identificaciones falsas, teléfonos celulares, 36 mil pesos en efectivo y 2 mil 500 dólares.
Molina Díaz, quien fuera coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) entre 2013 y 2018, era un objetivo prioritario de la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa de formar parte de la intrincada red delictiva liderada por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, la cual presuntamente desvió más de 5 mil millones de pesos del erario a través de contratos simulados y empresas fachada para la construcción de ocho prisiones federales. Tras su captura, fue trasladado de inmediato al penal de máxima seguridad de "El Altiplano".
El millonario negocio de las prisiones privatizadas
El informe compartido por la FGR detalla que durante su gestión en el sistema penitenciario, Molina Díaz estampó su firma en contratos multimillonarios que, bajo el esquema de licitaciones opacas, beneficiaron a una red de familiares, colaboradores cercanos y socios comerciales del entramado de García Luna.
Los delitos que hoy lo tienen tras las rejas de una celda —muy similar a las que él administraba— son peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades de inteligencia llevaban meses rastreando sus movimientos financieros, los cuales operaba desde la clandestinidad utilizando alias y documentación apócrifa para evadir los controles bancarios.
De la sombra de García Luna a la tragedia migratoria de Ciudad Juárez
Sin embargo, el perfil de Antonio Molina Díaz esconde un cinismo institucional que estalló hace unos años. Lejos de quedar inhabilitado tras el sexenio de Peña Nieto y sus nexos calderonistas, el exfuncionario logró reciclarse en la administración pública hasta convertirse en el director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).
Fue precisamente en ese encargo donde su nombre quedó marcado por la tragedia. Molina Díaz ya enfrentaba un proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público, al ser señalado por la FGR como uno de los responsables directos de la seguridad y los protocolos de protección civil en la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La memoria del caso: El 27 de marzo de 2023, un incendio en dichas instalaciones cobró la vida de 40 migrantes. Las imágenes de las cámaras de seguridad que dieron la vuelta al mundo mostraron cómo el personal a cargo —bajo la estructura de Molina— abandonó el lugar bajo llave, dejando a los internos atrapados en las llamas.
Con su captura, la justicia federal no solo intenta cerrar el millonario desfalco de la era de los "supercopías", sino también responder a la presión social e internacional que exige consecuencias para los altos mandos que, por acción u omisión, han marcado la historia reciente de México con dinero sucio y tragedias humanas.
