Table of Contents
México. — Daniel Arturo Casasús, amigo de infancia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, firmó contratos públicos por casi 12 millones de pesos a favor de tres empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha declarado factureras o vinculadas a redes de simulación de operaciones, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los contratos se asignaron durante su gestión como Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco (SOTOP), cargo que asumió en julio de 2024 bajo la administración del gobernador Javier May Rodríguez y que posteriormente renunció.
Las compañías beneficiadas —Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco y Coincisur SA de CV— forman parte de la red conocida como “La Barredora Guinda”, identificada por MCCI desde febrero de 2025 por concentrar operaciones de empresas fantasma y domicilios compartidos.
Construagregados Hopelchén ha tenido como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena, mientras que Comercio y Construcción de Tabasco ha operado desde un inmueble vinculado a este mismo grupo familiar, señala la investigación. Curiosamente, durante la asignación de los contratos, Casasús tenía como subordinado en la SOTOP a Pablo Jiménez Pons, yerno de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad estatal y preso por presunta relación con La Barredora.
Los tres contratos, por un monto total de 11 millones 914 mil pesos, se adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y fueron financiados con recursos federales del Ramo 33 a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Las obras consistían en la construcción de aulas en escuelas primarias de Centro y Comalcalco: Blancas Mariposas, Tomás Garrido Canabal y Benito Juárez.
MCCI constató que todas las empresas involucradas compartieron el mismo domicilio en la calle Tres 214, colonia Reforma de Villahermosa, un edificio que alberga al menos siete compañías de La Barredora Guinda. Los contratos se firmaron entre diciembre de 2024 y mediados de 2025, justo en el periodo en que el SAT iniciaba revisiones por presunta simulación de operaciones, un proceso que puede tardar entre cuatro y seis meses antes de formalizar la inclusión de una empresa en la lista de factureras.
En el caso de Construagregados Hopelchén, la notificación de presunta simulación se emitió en marzo de 2025 y la declaratoria definitiva se publicó en noviembre del mismo año. Comercio y Construcción de Tabasco recibió la notificación en febrero, la inclusión provisional en abril y la declaratoria definitiva en octubre de 2025. En ambos casos, las irregularidades corresponden a facturación de 2023 y 2024, coincidiendo con la firma de los contratos de obra pública en Tabasco.
Antes de su paso por la SOTOP, Casasús fue secretario de Javier May cuando este dirigía la Secretaría del Bienestar, y posteriormente delegado de la misma dependencia federal en Tabasco. Su cercanía con López Beltrán y con el contratista Amílcar Olán ha sido constante desde la llegada de López Obrador a la presidencia, situación que levanta cuestionamientos sobre la asignación de contratos públicos a empresas señaladas por el SAT y vinculadas a redes de facturación irregular.
El caso expone, según expertos consultados por MCCI, la persistencia de patrones de adjudicación opaca en Tabasco, donde amistades y vínculos familiares parecen entrelazarse con el manejo de recursos públicos, incluso en proyectos destinados a infraestructura educativa.
Contratos.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/amigo-de-andy-asigno-12-millones-a-factureras-ligadas-a-los-bermudez-requena/
