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Ciudad de México.- El Gobierno federal alista un "ejército" de denunciantes protegidos. Bajo la figura de "trabajadores, empresarios y contribuyentes encubiertos", la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca infiltrar las estructuras donde opera la corrupción para obtener pruebas que sean válidas ante los tribunales.
Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, anunció que por instrucción presidencial enviará un paquete de reformas para dar "fuerza legal" a estos informantes, una figura que, aunque ya se utilizaba de facto, suele ser desechada por los jueces al momento de litigar.
"El tema es que muchas veces cuando estos casos se van a la Suprema Corte y se litiga, se nos caen porque no se reconoce la figura. Se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados", advirtió Buenrostro durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Blindaje contra la Corte
El nuevo enfoque anticorrupción de la administración de Claudia Sheinbaum apuesta por el empoderamiento del "ciudadano de a pie", pero con un matiz de inteligencia táctica. La intención es que el denunciante no solo señale el acto ilícito, sino que actúe como un agente bajo confidencialidad para documentar el delito desde adentro.
La funcionaria admitió que la falta de reconocimiento jurídico de estos "infiltrados" ha sido el principal obstáculo para obtener sentencias condenatorias. Con la nueva legislación, el Gobierno pretende que los testimonios y pruebas recabados por estos colaboradores tengan pleno valor probatorio, evitando que la defensa alegue violaciones al debido proceso.
Cero tolerancia y protección
Buenrostro subrayó que en México impera un miedo a denunciar por parte del "ciudadano común y corriente", por lo que el paquete de reformas incluirá mecanismos de protección y confidencialidad total.
"Lo que nosotros queremos es abatir la corrupción y cero tolerancia. Estamos revisando varias leyes para entregar un paquete anticorrupción y fortalecer a las ciudadanas", explicó.
La figura del "agente encubierto" es común en investigaciones de delitos financieros y crimen organizado en otros países, pero su aplicación en la burocracia estatal y la relación con contribuyentes marcará un nuevo hito en la fiscalización federal.
