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Ciudad de México.- La imputación contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa representa un avance indispensable para destrabar años de impunidad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido construir su acusación más ambiciosa sobre el testimonio de quienes, por su propio pasado, son los menos confiables para sostener una condena.
La noche de Iguala cumple 12 años, y la exigencia de verdad sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional. Por eso, cuando la FGR presenta cargos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia contra un exgobernador, debería ser motivo de celebración institucional. Pero la celebración se vuelve incomodidad al revisar el expediente: los pilares de la acusación son, fundamentalmente, declaraciones de testigos colaboradores y de un exlíder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.
La paradoja del testigo manchado
Un principio elemental del derecho penal reza que la prueba debe ser robusta, autónoma y corroborada. Sin embargo, en este caso, el peso de la imputación recae en quienes tienen más que ganar —y menos que perder— al señalar al exmandatario.
Casarrubias Salgado no es un "ciudadano conciente", sino un confeso operador del crimen organizado. Su declaración, en la que afirma que Guerreros Unidos financió la campaña de Aguirre Rivero, es dinamita política y judicial. Pero la dinámica de la colaboración eficaz premia la utilidad de la información, no necesariamente su veracidad. Un juez no puede tomar como axioma la palabra de quien trafica con su testimonio para obtener beneficios procesales.
Los testigos protegidos del Poder Judicial —expresidenta y visitadora— hablan de órdenes de ocultar evidencias y de amenazas. Pero sus relatos, por más dramáticos que sean, quedan atrapados en un círculo vicioso: "solo ellos pueden dar fe de lo que escucharon", y la evidencia material (las grabaciones de seguridad) fue, supuestamente, destruida por mandato del propio acusado. Es decir, la única prueba de que se borraron las pruebas es la palabra de quienes afirman haber recibido la orden.
La delgada línea entre la verdad y la narrativa
La FGR no solo acusa; construye una narrativa. El entramado de complicidades que dibuja es perfecto, casi cinematográfico: un gobernador que protege a su sobrino, un alcalde con antecedentes, un grupo criminal que financia campañas y un Poder Judicial local sometido a presión. El problema no es que la historia sea falsa, sino que está hilvanada con hilos muy finos.
En el derecho, cuando una acusación se sostiene sobre una cadena de testimonios "homogéneos", salta la alerta. La jurisprudencia ha señalado que una coincidencia absoluta en las declaraciones puede indicar un "relato preelaborado". En otras palabras, "no se juzga a un exgobernador, se juzga la coherencia de un guion escrito por el Ministerio Público y sus colaboradores".
El contexto como juez sordo
No se trata de defender a Aguirre Rivero. La historia de Guerrero está plagada de vínculos oscuros entre la política y el crimen, y el exmandatario debe responder ante la ley como cualquier ciudadano. Pero la justicia no puede convertirse en un ejercicio de fe. Si la sociedad mexicana exige verdad, exige también una verdad probada, no una verdad declarada.
La presión social por el caso Ayotzinapa es legítima y necesaria. Pero esa presión no debe sustituir a los estándares probatorios. Una condena basada en la palabra de un narcotraficante y de testigos sin rostro no solo sería frágil; sería un retroceso en el estado de derecho.
El riesgo es claro: si esta imputación se desmorona en los tribunales por falta de corroboración material, el costo no lo pagará la FGR, sino la credibilidad del sistema de justicia. Y, con ella, la esperanza de los familiares de los 43 normalistas, que merecen una verdad construida con hechos, no con relatos.
